COSPEDAL PIDE UNA SOLUCIÓN "DE COMPROMISO ENTRE TODOS" PARA DESOCUPAR LA BASE NAVAL DE LAS PALMAS

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, pidió este miércoles "una solución de compromiso entre todos" para desocupar la base naval de Las Palmas de Gran Canaria dejando claro "quién paga" el traslado del arsenal a otra ubicación.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, preguntó a Cospedal su opinión acerca de la proposición no de ley que hace casi un año aprobó por unanimidad la Comisión de Defensa para la recuperación de esa base para el uso civil.
Cospedal aseguró que el Gobierno "comparte" el texto de esa proposición, que fue respaldada también por el PP. Quevedo recordó que ese espacio lleva 77 años ocupado de forma "irregular" para uso militar, a pesar de ser "absolutamente central" para el desarrollo de la ciudad y de la isla.
Subrayó que la sociedad y las instituciones de la isla llevan "años y años" planteando la necesidad de recuperar ese espacio, lo cual no significa "dejar desabastecida" su defensa, sino que se pueda recuperar para uso civil, algo que juzga "justo, lógico y razonable".
El acuerdo para ello fue unánime, "todavía me estoy pellizcando", recordó, pero la comisión de estudio para ello sigue sin crearse. Quevedo dijo a la ministra que no puede aceptar la idea que Defensa sugiere "permanentemente" sobre la necesidad de que sean las autoridades canarias las que busquen una solución que sea "gratis" para el Ministerio.
Denunció, además, que recientemente Defensa ha emitido una orden para el comienzo de las obras de construcción de una residencia de oficiales y suboficiales en esa base, lo cual considera "contradictorio" con ese objetivo de desocupación.
Cospedal reconoció que esa petición existe desde los años noventa y reiteró que el Gobierno comparte el contenido de la proposición no de ley para estudiar la ubicación de ese arsenal en un lugar distinto al actual.
Precisó, sin embargo, que esa ubicación es "importantísima" en las rutas al Cabo de Buena Esperanza, a América y al Golfo de Guinea, por lo que cualquier otro lugar tendría que tener "los mismos requisitos de carácter logístico y operativo".
Matizó, además, que la mayoría de esos terrenos al ser desocupados se destinarían a la autoridad portuaria, por lo que pidió "poner en su justa medida" lo que implica la proposición y el destino a uso civil.
Cospedal subrayó que el Gobierno lleva apenas cinco meses en plenas funciones y expresó su "compromiso" con la creación de esa comisión de estudio para buscar "alguna solución de compromiso entre todos" y responder a la pregunta "esto quién lo paga", ya que el coste está estimado en unos 400 millones de euros.