El juez baja de 4 millones a 100.000€ la fianza de la directora financiera del Canal

Manuel García Castellón ha sustituido a Eloy Velasco al frente del juzgado que investiga el caso Lezo, las supuestas corruptelas del PP de Madrid ligadas al Canal de Isabel II. El nuevo titular ha cambiado el criterio del órgano y ha reducido la fianza de una de las principales implicadas, la exdirectora financiera de la empresa pública madrileña María Fernanda Richmond, de los 4 millones que le había impuesto su antecesor a 100.000 euros. La decisión es sorprendente porque llega después de que, el pasado 2 de junio, la sección cuarta de la Audiencia Nacional hubiera confirmado el criterio de Velasco manteniendo la medida cautelar.

Richmond está imputada por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos y malversación. Su participación en la trama se centra en la ruinosa compra por Canal Extensia (la filial americana del Canal) de la brasileña Emissao en la que supuestamente se desviaron 25 millones de dólares que fueron a parar a “determinadas personas”.

Ayer, la exdirectora financiera del Canal declaró voluntariamente ante García-Castellón, al que reclamó una rebaja de la fianza o que se le permitiera defenderse “desde la libertad”, según fuentes presentes en el interrogatorio. El contenido de su versión de los hechos, por el momento, permanece secreto.

Según la investigación, Richmond tuvo conocimiento de esa compra inflada gracias a un informe de la auditora KPMG que avisó de que se estaba pagando mucho más dinero de lo que costaba la compañía brasileña de aguas. Desde su posición como directora financiera del Canal y como consejera de Canal Extensia, autorizó la compra de Emissao “en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas, sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni autorización de la Consejería de Hacienda”, según el juez.

Esos 25 millones, mantuvo Velasco, “pasaban a cuentas bancarias de terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, enriqueciendo injustamente a determinadas personas ya directamente participantes de estas gestiones o intermediadas por afines a ellos”. Richmond ingresó en prisión el pasado 20 de abril, un día antes de que el expresidente madrileño Ignacio González siguiera ese mismo camino.