Este caso judicial se inició en mayo de 2002, cuando el grupo municipal de IpO-Los Verdes detectó "el inicio de la construcción de un macroedificio en la zona de Las Arenas, de más de 20.000 metros cuadrados, que se ejecutaba sin licencia y sobre un suelo calificado como rústico potencialmente productivo en el Plan General vigente en esos momentos".
Después de algunas denuncias de la Policía Local y de la Oficina de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de La Orotava, el grupo municipal de IpO-LV acordó acudir a los juzgados para poner en conocimiento de la justicia lo que consideraba "una ilegalidad urbanística que afectaba a más de 20.000 metros cuadrados de suelo rústico en pleno corazón del Valle de La Orotava".
Fruto de aquella denuncia inicial, según explica IpO-LV, se produjo la apertura de diligencias previas, al considerar el juez y la fiscalía que había datos suficientes para calificar los hechos como constitutivos de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
El juicio oral comenzará el próximo jueves y se alargará hasta el 26 de mayo, cinco sesiones en las que serán llamados a declarar numerosos testigos (en la sesión del próximo viernes) y en las que estarán presentes, en calidad de acusados, el empresario Ambrosio Jiménez; el anterior alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, y el secretario general del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás Martí.
En su escrito de conclusiones para la apertura del juicio oral, el fiscal pide para los tres acusados penas de prisión y de inhabilitación, así como la demolición de las obras que no estén acordes con el planeamiento vigente en la actualidad, a cargo de los tres acusados y de la empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas.
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