El Congreso urge al Gobierno a abrir el registro de pacientes afectados por la talidomida y a indemnizar a los afectados

Además, los diferentes grupos parlamentarios, incluido el PP, han solicitado al Ejecutivo que en el año 2018 se hayan indemnizado a todos los pacientes, de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, y se hayan pagado prestaciones "justas". Del mismo modo, en el texto de la proposición no de ley se destaca la necesidad de crear una unidad de diagnóstico de daños por talidomida, en colaboración con las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Se ha producido una negligencia por parte del Estado español y ya es hora de que se reconozcan a todos los pacientes y sus familias. Personas que son pocas pero que siguen teniendo la fuerza necesaria para luchar y reclamar sus derechos", ha señalado la portavoz de Democràcia y Libertat, Lourdes Ciuró.

ELIMINAR EL COPAGO Y NEGOCIAR CON GRÜNENTHAL

Asimismo, en la iniciativa acordada se pide al Gobierno facilitar en lo posible los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas; analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre las eventuales percepciones dinerarias, prestaciones y/o indemnizaciones percibidas por las víctimas; y abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal para que asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado.

"Estamos aquí para intentar cumplir con una obligación de cualquier Estado que se precie, a pesar de que España ha actuado de una forma desastrosa con estos pacientes, ya que actualmente no llegan a medio centenar los reconocidos como víctimas por la talidomida. Por ello, proponemos cerrar una herida de desidia y abandono y cerrar este episodio sin dejar a nadie por el camino. Además, queremos trasladar a la compañía farmacéutica nuestra exigencia de colaborar para reparar el daño causado", ha apostillado el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Francisco Igea.

Por otra parte, los grupos parlamentarios han destacado en el texto la necesidad de reconocer el trabajo y la contribución que todas víctimas y sus familias han tenido a lo largo de estos años, tanto para reivindicar su derecho a un "justo resarcimiento por el daño causado", como por la contribución que, a juicio de los parlamentarios, han hecho para mejorar el sistema de farmacovigilancia y evitar que situaciones como la de la talidomida pudieran llegar a producirse.

Finalmente, han abogado por crear un comité de seguimiento en el que participen las asociaciones de víctimas para velar por el "correcto" cumplimiento de esta iniciativa. "Apoyamos esta propuesta porque también estamos preocupados por las víctimas, como así lo demuestra las reuniones que ya hemos realizado con los afectados por la talidomida", ha zanjado la diputada del Grupo Parlamentario del PP, María José García Pelayo.