En concreto, la citada diputada acudió al Consejo de Transparencia solicitando información sobre las cantidades reingresadas por la Junta procedentes de subvenciones que en su momento se concedieron a la Formación Profesional para el Empleo, y al hilo del presunto fraude investigado en relación a algunas de esas ayudas, y ello después de que la parlamentaria no hubiera conseguido esa información a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
La resolución, consultada por Europa Press y firmada por el director del Consejo de Transparencia, Manuel Medina, lleva fecha del pasado día 14 de este mes de marzo y ha sido publicada en el BOJA del viernes día 17, y con ella se concreta el objeto del recurso contencioso-administrativo, promovido a instancias de Ruiz Sillero y tramitado desde el Juzgado número 5 de Sevilla de dicha jurisdicción.
Con la publicación de esta resolución en el BOJA, el Consejo de Transparencia da cumplimiento a lo acordado por el citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En su resolución, la dirección del Consejo de Transparencia ordena "la publicación" de la misma en el BOJA y "emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo referido de Sevilla, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente resolución".
En declaraciones a Europa Press, la propia Ruiz Sillero ha recordado que, tal como informó en rueda de prensa a principios de año la secretaria general del PP-A, Loles López, decidió acudir a la vía contencioso-administrativa después de que desde el Consejo de Transparencia se le inadmitiera una solicitud de información sobre los fondos de los cursos de formación recuperados por la Junta, que ella presentó "como ciudadana".
Desde el Consejo de Transparencia, según ha explicado la diputada del PP-A, se le indicó que "por su condición de cargo electo no podía acceder a la información" solicitada, algo que ha criticado al entender que suponía una "utilización política" de dicho órgano, y de ahí que decidiera impugnar la referida resolución del Consejo.
Ruiz Sillero ha recordado que por el mismo motivo se anunció otro recurso contencioso-administrativo contra otra resolución del Consejo de Transparencia derivada de otra solicitud de información, en esa ocasión relativa a los fondos recuperados por la Junta por el caso del presunto fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
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