El presidente de Surinam, Desi Bouterse, intervino este miércoles el Poder Judicial en momentos en que se sustancia un proceso en su contra por la ejecución de 15 opositores políticos cuando gobernó de facto en 1982.
Boutrese apeló a un artículo de la constitución que permite al presidente ese extremo en interés de la seguridad nacional.
El mandatario, que asumió constitucionalmente en 2010, dijo esperar que los jueces "respeten la constitución" y cumplan la orden del gobierno.
En un comunicado conjunto, los partidos de oposición afirman su apoyo al funcionamiento independiente del Poder Judicial en toda circunstancia y a la división de poderes como pilar del estado de derecho.
Por tanto, los partidos opositores "reclaman al gobierno que asegure los principios de derecho, democracia y buen gobierno" y que el "Poder Judicial pueda llevar adelante sus mandatos constitucionales con completa independencia, libertad y seguridad".
Los críticos del gobierno consideran a la resolución de Boutrese como una interferencia directa en su propio juicio.
La medida se tomó un día antes de que la fiscalía realice el alegato final contra Boutrese y otros sospechosos por la ejecución de los opositores en 1982.
Sunil Oemrawsingh, titular de la Fundación 8 de diciembre de 1982 -fecha de las ejecuciones bajo juicio-, dijo que "tendrá que helar en el infierno antes de que perdamos el coraje".
Los familiares de los ejecutados aguardan la audiencia del jueves y esperan que los jueces hagan gala de su integridad y actúen dentro de la legalidad.
El pasado 9 de junio la corte invalidó una ley de amnistía que había sido aprobada por los seguidores de Boutrese y ordenó la reanudación del juicio.
Desde entonces, los ánimos políticos se crisparon y Boutrese consideró que el fallo causó una "crisis constitucional" que puso al estado en riesgo.
El lunes, Boutrese recibió al secretario general y a la presidenta pro tempore de la Unasur, Ernesto Samper y la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quienes viajaron a Paramaribo invitados por el mandatario.
La Unasur ha planteado su preocupación por la situación política, económica y social del país. El mandatario surinamés ejerció la presidencia pro tempore del bloque regional entre 2013 y 2014.
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