En la iniciativa, recogida por Europa Press, Ciudadanos también pide que la Junta inste al Gobierno de la Nación a desarrollar lo antes posible una normativa legal que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien y divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de la Administración pública.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario de C's asegura que son numerosos los países en los que se han puesto en marcha iniciativas y programas de protección para aquellos empleados públicos que revelen y denuncien casos de corrupción en el seno de las administraciones públicas. Se trata de una práctica anglosajona conocida por el nombre de 'Whistieblowing', que se incluye en el ordenamiento jurídico de muchos estados.
Para ir hacia ese modelo, que pone el acento en la prevención antes de la cura, Ciudadanos considera "imprescindible" que los empleados públicos que toman la decisión de denunciar situaciones de corrupción y connivencia de los poderes públicos tengan mecanismos y procedimientos que les eviten vivir en situaciones de aislamiento y acoso que no se deben permitir.
Así, tras apuntar que Andalucía ha sido una comunidad autónoma "muy castigada" por la corrupción política, desde Ciudadanos se apunta que no solo es obligado instar al Gobierno de la nación a desarrollar mecanismos de alcance estatal, "sino que también es obligado dar ejemplo con una apuesta decidida por la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestra región".
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