EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE QUE EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO SE APLIQUE TAMBIÉN AL MERCADO LIBRE

El Defensor del Pueblo considera que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital debería introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro previstas para el nuevo bono social eléctrico a los consumidores vulnerables a aquellos que estén acogidos al mercado libre.
Así lo establece en las recomendaciones que ha remitido al departamento dirigido por Álvaro Nadal tras analizar el borrador del reglamento que desarrollará el nuevo bono social.
En un principio, el bono se limita a los clientes acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la anterior Tarifa de Último Recurso (TUR).
A este respecto, el defensor advierte de que muchos consumidores contratan, sin tener constancia de ello, el suministro eléctrico en el mercado libre y no cuentan con esta garantía, por lo que sería conveniente incluir también en el ámbito de aplicación de este procedimiento el caso de los impagos de estos contratos.
“"Es evidente que si la transparencia no es suficiente y que los consumidores desconocen si están en el mercado libre, se le deben dar las mismas garantías frente a un posible impago que a los contratos acogidos al PVPC”, afirma la institución dirigida por Soledad Becerril.
Además, pide añadir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos provenientes de impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude ya que denuncia que “estos procedimientos no se están desarrollando con las suficientes garantías de imparcialidad, llegándose en algunos casos a producirse una verdadera indefensión material, que requiere medidas regulatorias específicas, que salvaguarden derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia”.
Por otro lado, demanda también incluir entre las medidas de protección contra el corte de suministro disposiciones que tengan en cuenta la necesidad de proteger a los niños, ancianos y personas con discapacidad.
Por último, propone crear un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz y establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social.