DOS ONG DENUNCIAN ABUSOS POLICIALES GENERALIZADOS A CLASES POPULARES EN VENEZUELA

- Con ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y desalojos forzosos. Dos organizaciones de derechos humanos señalaron este lunes que redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela desde el pasado mes de julio han derivado en denuncias generalizadas de abusos, con casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportación arbitraria de ciudadanos colombianos.
Así se recoge en un informe de 43 páginas elaborado por Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) y HRW (Human Rights Watch), titulado ‘Poder sin límites: redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela’.
El informe analiza abusos de derechos en operaciones de seguridad pública llevadas a cabo en distintos lugares de Venezuela desde el pasado julio, en el marco de la ‘Operación de Liberación y Protección del Pueblo’ (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales.
Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por Provea y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas o sus familiares han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales.
“Los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos”, comentó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, quien añadió: “Sin embargo, en múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos -incluyendo asesinatos ilegales- nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”.
OPACIDAD DEL GOBIERNO
Provea y Human Rights Watch llevaron a cabo entrevistas o análisis de declaraciones escritas de decenas de residentes de Caracas y de cinco Estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia), que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas.
En otros dos Estados (Mérida y Táchira) entrevistaron a defensores de derechos humanos que habían documentado abusos y consultaron información publicada por organizaciones internacionales que habían realizado investigaciones en la frontera con Colombia. También examinaron fuentes oficiales, como documentos judiciales y declaraciones de autoridades, así como fotografías y vídeos.
El pasado mes de febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, indicó que 245 personas murieron por la OLP en 2015 en casos en que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Otras decenas de personas fueron asesinadas desde comienzos de este año, según se ha publicado en medios de comunicación y recordaron Provea y HRW. En reiteradas declaraciones, funcionarios del Gobierno han afirmado que estas muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados.
Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durante redadas de la OLP, Provea y Human Rights Watch identificaron tres casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos. “La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del Gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la policía”, sostuvieron.
Por otro lado, Provea y HRW recalcaron que agentes de seguridad también habrían realizado detenciones masivas e indiscriminadas. Según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas entre julio de 2015 y enero 2016, con la intención de “verificar” si eran buscadas por su participación en delitos, pero menos de 100 de ellas fueron finalmente acusadas por algún delito.
Además, más de 1.700 ciudadanos colombianos fueron deportados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Cientos de ellos habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados, y al menos 22.000 más se habrían ido del país por temor a sufrir abusos o ser deportados.
PALIZAS Y OTROS ABUSOS
Diversos testigos señalaron a Provea y HRW que, en algunos casos durante las redadas, agentes de seguridad propinaron palizas o cometieron otros abusos contra detenidos. Algunos agentes también habrían robado dinero, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, mientras realizaban allanamientos de viviendas o detenían a sus residentes.
En otras redadas, agentes gubernamentales desalojaron arbitrariamente a miles de personas de complejos de vivienda financiadas por el Gobierno o de domicilios privados, y destruyeron cientos de casas con topadoras.
“El Gobierno de Venezuela debería garantizar que todos los operativos de seguridad se lleven a cabo respetando sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, incluido el requisito de abstenerse del uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública”, indicaron Provea y Human Rights Watch, que consideraron “crucial” que el Ejecutivo lleve ante la justicia a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos.