DESARTICULADA UNA RED QUE DEFRAUDÓ TRES MILLONES DE EUROS TRAFICANDO CON ‘SMARTPHONES’

La Policía Nacional ha detenido en una operación conjunta con Rumanía a 57 personas de 13 nacionalidades que pertenecían a una red criminal que defraudó tres millones de euros traficando con ‘smartphones premium’.
Según informó la Policía, la organización ha participado en más de 2.000 estafas y el perjuicio económico que ha ocasionado supera los tres millones de euros. Han sido detenidas 57 personas de 13 nacionalidades, tres de ellas en Rumanía y el resto en Madrid, Valencia, Aragón, Cataluña, Murcia y Andalucía.
Los tres miembros principales de la organización fueron detenidos en Rumanía y se han realizado 17 entradas y registros -cuatro en la Comunidad Valenciana, siete en la Comunidad de Madrid, dos en la provincia de Teruel y cuatro en Rumanía-, en los que se han intervenido 30.000 euros en efectivo, 130 teléfonos ‘smartphones’ de distintas marcas, 21 tabletas, tres televisores, siete portátiles, 587 tarjetas SIM, dos videoconsolas, 23 dispositivos de almacenamiento, una plastificadora, una guillotina y 25 cuadernos con datos personales obtenidos de manera fraudulenta.
La red adquiría datos de carácter personal a través de teleoperadores en empresas de telefonía. Con ellos, compraban de manera fraudulenta móviles de alta gama usurpando la identidad de las víctimas y efectuando los cargos a sus cuentas.
Aportaban domicilios de entrega falsos o inexistentes y, a través de mensajeros que previamente habían captado, desviaban su curso legal. Cuando los receptadores recibían la mercancía, la introducían en el mercado a través de locutorios y comercios.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes recibieron la información de que un grupo perfectamente organizado estaría estafando a compañías telefónicas españolas y a sus clientes.
Para ello, contaban con la colaboración de empleados desleales que trabajan como teleoperadores en este tipo de empresas, que se encargarían de obtener de manera ilegal datos de carácter personal de los ficheros y bases de datos de clientes a cambio de una remuneración económica.
Con los datos obtenidos realizaban compras fraudulentas de móviles de alta gama haciéndose pasar por los titulares de las cuentas bancarias de las víctimas.
Una vez obtenidos los terminales, intentaban evitar dejar rastro, para lo que aportaban direcciones de entrega falsas.
A su vez, desviaban el curso legal de las entregas gracias a la participación en la trama de trabajadores de empresas de mensajería que percibían 50 euros por cada teléfono entregado a los estafadores. En alguna ocasión llegaron a desviar la entrega de más de un centenar de terminales al mes.
En el último escalón del entramado se encontraban los receptores, que adquirían los teléfonos a un coste muy por debajo del precio de mercado. Estos se encargaban de introducirlos en el mercado a través de locutorios y diferentes comercios obteniendo con su venta importantes beneficios.