El Ministerio del Interior ha detallado en un comunicado que el objetivo de la operación era la Brigada Ashtar, que ha reclamado la autoría de varios ataques con bomba en el país en los últimos meses.
Así, ha dicho que la operación "ha sido un éxito", añadiendo que han sido incautados 52 kilogramos de explosivos, incluido C4, que "no han podido ser fabricados en Bahréin".
El ministerio ha manifestado además que las investigaciones apuntan a que los sospechosos estarían vinculados con al menos tres ataques perpetrados en el país entre febrero y abril.
Por último, ha resaltado que las dos células "están vinculadas con el terrorista y fugitivo Husain Alí Ahmed Dawud, residente en Irán". Manama ha acusado en reiteradas ocasiones a Teherán de respaldar a grupos armados en el país, lo que ha sido negado por Irán.
El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.
Recientemente, aprobó modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
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