Allegados al gobierno de Cristina Kirchner, incluida la propia expresidenta argentina, la titular de Madres de Plaza de Mayo y un poderoso exministro, están citados esta semana en tribunales de Buenos Aires por causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción.
La exmandataria (2007-2015) debe presentarse el miércoles ante el juez federal Claudio Bonadio, quien la convocó para notificarle en persona su procesamiento y un embargo por un millón de dólares por supuesta defraudación en operaciones cambiarias en los últimos meses de su mandato.
Los exfuncionarios del gobierno de Kirchner (centroizquierda) sostienen que las ventas de dólares a futuro buscaban desalentar las expectativas de devaluación, pero al devaluarse la moneda un 30% en diciembre, con la asunción del presidente Mauricio Macri, el Banco Central se vio forzado a pagar fuertes sumas.
"No es una sensación térmica, es claro y evidente que estoy siendo perseguida", dijo Kirchner el domingo en una entrevista telefónica al canal C5N.
La mandataria pidió que se hiciera una auditoría a la gestión de Obra Pública durante su gobierno y negó un vínculo de corrupción con Lázaro Báez, empresario de la construcción señalado de ser testaferro de su familia desde el tiempo de la presidencia de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007).
Ante el esperado desfile de exfuncionarios y allegados a la gestión anterior, las autoridades de Buenos Aires desplegaron un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de los tribunales, donde aguardan decenas de periodistas y curiosos.
Este martes pasó por esos tribunales el exviceministro de Obras Públicas José López, detenido en una forma grotesca hace tres semanas cuando intentaba esconder un botín de casi 9 millones de dólares en efectivo en un monasterio en las afueras de la capital.
López llegó al tribunal en ambulancia y se postergó su audiencia, sin que sus abogados dieran más precisiones.
Kirchner ha reiterado que se considera una "perseguida" de la justicia desde que asumió Macri, cuya política económica criticó por provocar "un deterioro rápido" de la calidad de vida de los argentinos, según dijo. Sin embargo, luego bajó el tono de confrontación y deseó que al gobierno de Macri "no le vaya mal".
En el marco de otra causa, el juez Bonadio ordenó la semana pasada allanamientos en varias propiedades de Kirchner en Santa Cruz.
La expresidenta denunció que dos jueces federales la investigan simultáneamente por la misma causa, que son las sospechas de irregularidades en manejos administrativos de hoteles de su propiedad que alquilaba al empresario Báez.
Báez está citado también el miércoles ante el mismo tribunal en que horas después comparecerá la exmandataria. Báez, detenido desde abril por supuesto lavado de dinero, tiene que ampliar su indagatoria tras el hallazgo de cuentas en Suiza con 25 millones de dólares a nombre de sus hijos.
Como empresario de la construcción, Báez es acusado de haberse favorecido por la obra pública durante el kirchnerismo (2003-2015).
Los hijos de Báez presentaron este martes escritos de descargo, sin responder preguntas del fiscal.
Los pasillos de tribunales verán también circular el miércoles al titular por 12 años del estratégico ministerio de Planificación Federal, Julio de Vido, actualmente diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria.
De Vido, que a sus 66 años suma al menos tres causas en su contra, debe responder en este caso por presuntas irregularidades en la adjudicación de fondos para la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos, puesto en marcha por las Madres de Plaza de Mayo durante los gobiernos del matrimonio Kirchner.
El Programa financiado por el Estado era un gigantesco emprendimiento para construir viviendas, escuelas y hospitales en barrios pobres, que quedó trunco en 2011 al estallar un escándalo por denuncias de corrupción.
Hebe de Bonafini, de 87 años, líder de la organización humanitaria también debe presentarse el jueves ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, como otras 40 personas citadas, pero advirtió que no lo hará porque no cometió delito ni cree en la justicia, arguyó.
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