El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado con fecha 4 de noviembre de 2016 y contra el que cabe recurso, señala que no existe "delito de prevaricación" ni un "ejercicio arbitrario de poder que justifique la intervención penal", tras la práctica de diligencias que han venido a significar la legalidad del procedimiento de contratación y pago de los servicios de publicidad institucional durante el periodo investigado.
"Desde el Partido Popular nos felicitamos de que la justicia corrobore que la actuación de Javier Bello y del equipo de gobierno del PP fue conforme a derecho", señala el PP de Alcalá en un comunicado. "Al igual que mostramos la máxima exigencia en cuanto a la asunción de responsabilidades, lamentamos el uso político de esta denuncia por quienes no respetaron el derecho a la presunción de inocencia", agregan.
"Creemos, además, que también es exigible el máximo resarcimiento del perjuicio causado a la persona y la imagen pública de, en este caso, Javier Bello, exalcalde y ex presidente del PP de Alcalá una vez que ha quedado fuera de duda suhonorabilidad", sostienen, al tiempo que recuerdan que Bello, que dejó la vida política hace un año, sostuvo en todo momento la legalidad de la contratación de la publicidad institucional del Ayuntamiento complutense, tal y como ahora ha determinado la juez.
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