Según ha informado la Diputación de Cádiz en una nota, también han solicitado la reclamación de que sean estas administraciones las que gestionen los fondos de la Unión Europea (UE) contra la despoblación y la reivindicación de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La información facilitada por la Diputación de Badajoz señala que la Declaración ha sido presentada por el presidente de la citada Corporación, Miguel Ángel Gallardo, anfitrión de la conferencia, y por el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, que toma el relevo y será sede de la próxima edición, a celebrar en 2017.
La Declaración destaca que los gobiernos intermedios son las instituciones públicas más adecuadas para la vertebración y cohesión territorial, ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y prestar más y mejores servicios.
Posteriormente se indica que, en el actual marco tendente a una reforma constitucional, el funcionamiento, representación y régimen de financiación de las diputaciones provinciales deberá estar condicionado por criterios constitucionales de justicia social, vertebración del territorio e igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.
En este sentido, se recuerda lo dispuesto en los artículos 137 y 141.2 de la Carta Magna, que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional (TC) en el sentido de poner de manifiesto que las Instituciones provinciales constituyen o tienen a su cargo componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales.
GASTO PÚBLICO EFICIENTE Y NECESARIO
En la presentación de la Declaración, también se ha querido destacar que los gobiernos provinciales suponen un gasto público eficiente y necesario, que cumplen los plazos de pagos a proveedores y contratistas, con una media de 30 días o menos; que su deuda solo representa el ocho por ciento del total de las entidades locales y un 0,3 por ciento del PIB nacional; y que destinan a su funcionamiento un porcentaje inferior al de otras administraciones públicas.
También se posicionan a favor de la modernización de la administración pública española, incluidas las diputaciones, con el objetivo puesto en el mejor desarrollo de sus competencias, prioridades y optimización en la gestión de los recursos, presupuesto y empleo público. En este sentido se destaca que no solo es legal, sino socialmente necesario, fomentar la concurrencia competitiva, singularmente en la actividad contractual y la de fomento.
Otro de los ejes de la Declaración es el referido a la financiación, dejando clara la necesidad de mejorar de un nuevo marco de financiación local, no solo para las provincias, sino también para los municipios, señalando que no deben seguir siendo los sacrificados a la hora de adoptar las medidas necesarias, como consecuencia de cumplimiento de las exigencias de la UE al Estado español.
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