Egipto jubila a 32 jueces que rechazaron destitución de presidente Mursi

El Consejo Judicial Supremo egipcio obligó el lunes a jubilarse a 32 jueces que habían rechazado reconocer la legalidad de la destitución por el ejército en 2013 del presidente islamista Mohamed Mursi, indicaron fuentes judiciales.

Tras la destitución el 3 de julio de 2013 del primer presidente elegido democráticamente en Egipto, el nuevo poder eliminó en diez meses a más de 1.400 manifestantes proMursi y encarceló a más de 40.000 de sus seguidores, en especial a los miembros de los Hermanos Musulmanes, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

"El Consejo Judicial Supremo decidió hoy obligar a 32 jueces a jubilarse por haberse implicado en política y apoyar una cierta parte", indicó a la AFP un alto responsable de esta instancia de disciplina de la magistratura, que requirió el anonimato. La información fue confirmada por uno de sus colegas.

El Consejo ya había obligado a jubilarse a 15 jueces hace una semana, alegando los mismos motivos.

Estos magistrados habían rechazado reconocer la legalidad de la destitución de Mursi. Éste se encuentra condenado a muerte, como la mayoría de los dirigentes de los Hermanos Musulmanes y cientos de sus seguidores, en procesos masivos expeditivos.

Algunos de estos magistrados habían leído un comunicado para rechazar la destitución del jefe de Estado en la tribuna de una multitudinaria manifestación en pleno corazón de El Cairo, en la plaza Rabaa Al Adawiya.

El 14 de agosto de 2013, policía y militares dispararon y mataron a más de 700 manifestantes proMorsi al evacuar Rabaa Al Adawiya y otra plaza del centro de la capital.

El jefe del ejército, el general Abdel Fatah Al Sisi, que había destituido a Morsi, fue elegido presidente en mayo de 2014, eliminando cualquier tipo de oposición política.

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos acusan al régimen de ser ultrarepresivo.

El envío forzado a la jubilación de estos 32 jueces el lunes y de otros 15 la semana pasada es "una medida arbitraria e injusta", comentó la Comisión Internacional de Juristas, una oenegé con sede en Ginebra. "La intensidad de los ataques contra los jueces en Egipto llega a un nivel aterrador", advierte.

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