Ejecuciones y detenciones ilegales en cruzada anticrimen en Venezuela, denuncia HRW

Policiales y militares venezolanos actúan con impunidad participando en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, denunció este lunes la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe crítico de la operación gubernamental para combatir la delincuencia en el violento país suramericano.

En más de un centenar de operativos contra la criminalidad realizados desde julio de 2015, unas 245 personas habrían muerto, según cifras oficiales reseñadas por HRW y la organización venezolana Provea en el informe "Poder sin Límites".

De esos, "hemos documentado 20 casos donde la evidencia sugiere que se trata de ejecuciones extrajudiciales", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos.

Unos 25 funcionarios de seguridad son investigados, según información suministrada a Provea por la Fiscalía venezolana.

Según las organizaciones, autoridades venezolanas han afirmado que los dos centenares de muertes se produjeron por "enfrentamientos" entre delincuentes y fuerzas de seguridad durante los operativos, realizados principalmente en zonas populares en Venezuela.

Pero según Vivanco, los testimonios de familiares y testigos, además de la "enorme desproporcionalidad" entre presuntos criminales y policías muertos (3), "nos permite llegar a la conclusión que la versión oficial no es creíble".

El gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó en julio de 2015 la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) para combatir la delincuencia en barriadas en varias estados del país, uno de los más violentos del mundo, con una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre de 2015, según cifras oficiales.

Las organizaciones de derechos humanos reconocen que la elevada criminalidad demandan una inminente respuesta estatal pero critican la fuerte concentración de efectivos militares en estas operaciones y denuncian numerosas violaciones de los derechos humanos como ejecuciones, detenciones, desalojos y deportaciones ilegales, así como maltratos y destrucción de viviendas.

"El gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de enfrentar el delito de una manera no democrática", denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, durante una rueda de prensa conjunta en Washington.

Uzcátegui denunció la "militarización del ejercicio de la seguridad ciudadana profundizado por el gobierno del Nicolás Maduro", indicando que esa práctica contraría las recomendaciones de organismos internacionales y la Constitución venezolana.

HRW y Provea denunciaron la aprehensión "arbitraria" de más de 14.000 personas. Pero además cuestionaron la efectividad de esas prácticas para reducir los crímenes, pues solo un centenar de los detenidos fue formalmente procesado por algún delito.

En la zona fronteriza con Colombia, unos 1.700 inmigrantes colombianos fueron deportados a su país, incluyendo unos 400 refugiados o personas bajo protección por declararse víctima de persecución de paramilitares.

HRW y Provea también verificaron el desalojo forzoso y sin aviso previo -en ocasiones de madrugada- de miles de familias, y la destrucción en cuatro estados de al menos 976 viviendas, que fueron demolidas con aplanadoras, luego de que las fuerzas de seguridad hubieran abatido o detenido a los presuntos delincuentes.

"Nunca hemos visto una cosa de esa naturaleza ni en Venezuela ni en ningún otro sitio de América Latina", afirmó Vivanco.

Según las organizaciones, el panorama de abusos es posible debido a un contexto general de "impunidad estructural", militarización de las funciones de seguridad, fallas en las instituciones de control y la "opacidad" de los organismos públicos en Venezuela.

Y las operaciones no parecen estar reduciendo los índices de criminalidad, apuntan las organizaciones.

"Luego de estos operativos el Estado vuelve a estar ausente. No hay un plan (...) que permita reducir niveles de violencia", dijo Inti Rodríguez, de Provea.

En algunos casos la situación empeora, señalan, pues los policías locales se convierten en objetivos de los delincuentes como represalia por las redadas.

El informe será presentado este lunes durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se prevé la presencia de representantes del Estado venezolano.