Exconsejero de Alvalle niega que se amañara la cantidad de naranjas y lo achaca a una estrategia de Puleva

El exconsejero delegado de Alvalle S.A., J.M.C, acusado de diseñar un plan para obtener, de forma fraudulenta, subvenciones de la Unión Europea entre 1994 y 1997 aumentando de forma ficticia los kilogramos de producción, ha negado tajantemente que se celebraran "conciliábulos" con los agricultores proveedores con el fin de amañar los precios y las cantidades recepcionadas.

Al contrario, ha asegurado que el proceso de recepción de mercancías era limpio y ha achacado la acusación a una "estrategia de defensa" de la compañía Puleva, empresa que esgrimió esa presunta "irregularidad" con el fin de justificar su retirada de la operación de compra de Alvalle en esa época y así "evitar el pago de los 100 millones de pesetas que le hubieran impuesto como sanción".

Así lo ha hecho saber J.M.C. en la primera vista del juicio que ha comenzado este lunes en la sección tercera de la Audiencia Provincial y que prevé extenderse durante unas tres semanas con el fin de aclarar si la mercantil Alvalle defraudó hace 22 años más de 700.000 euros a la UE en ayudas para transformar frutas en zumos aumentando los kilos de producción.

En concreto, en este proceso se encuentran inmersos 13 acusados, entre empleados, funcionarios y agricultores, dos de los cuales ya han fallecido en los años transcurridos.

Hoy ha sido el turno de la comparecencia del entonces consejero delegado de Alvalle, quien ha recordado el vertiginoso ascenso de la empresa en sus primeros años de vida, lo que llevó a sus responsables a recurrir a la captación de capital riesgo, obteniendo mil millones de pesetas de la época y la confianza de personas externas.

Pocos meses después, ha recordado que varias empresas se interesaron por comprar esos paquetes de capital riesgo, entre ellas la mercantil Puleva, que presentó una oferta. J.M.C. ha recordado que él no estaba de acuerdo personalmente con la propuesta porque esa empresa acababa de salir de un proceso de suspensión de pagos.

Con todo, ha rememorado que el contrato incluía una cláusula según la cual si alguna de las dos partes involucradas incumplía su compromiso por un motivo no justificado, "tendría que indemnizar a la otra con 100 millones de pesetas".

Ha recordado que Puleva se vio entonces azotada por la crisis de las bolsas asiáticas que tuvo lugar en 1998, lo que desplomó sus valores en la bolsa española. Este hecho le impidió afrontar la ampliación de capital en Alvalle y pidió ser eximida del pago de la indemnización de 100 millones de pesetas.

En este sentido, ha recordado que los grandes accionistas de Alvalle exigieron el cumplimiento del contrato y el pago de la indemnización, lo que desató un "conflicto" con Puleva. Incluso, los responsables de Alvalle, anticipándose a la respuesta de Puleva, presentaron un aval de 186 millones para hacer frente a "cualquier requerimiento por perjuicio de la administración".

Efectivamente, ha criticado que Puleva entonces denunció "irregularidades" de Alvalle en la percepción de subvenciones de la UE, pero ha criticado que se trató de una excusa y que podían haber dicho "cualquier otra cosa".

De hecho, J.M.C. ha defendido que la acusación de Puleva "no tenía fundamento" y, como prueba de ello, ha alegado que otra multinacional compró seis meses después Alvalle por un precio un diez por ciento superior. Todo ello, después de haber pasado dos "profundas" auditorías y habiendo puesto en conocimiento de la situación a la multinacional. "Habrían detectado todas esas irregularidades", ha zanjado.

"Al entrar un grupo multinacional, tenían que cuadrar todas las cuentas", ha defendido el exconsejero delegado, quien ha puntualizado que una empresa de esas dimensiones no se habría expuesto a las consecuencias de esa presunta irregularidad de no haber estado todo claro.

NIEGA INSTRUCCIONES PARA INFLAR CONTRATOS

El exconsejero delegado, quien ha reconocido que firmó en esos años unos 500 ó 600 contratos, ha reconocido que él se encargaba de la venta y comercialización. Para él, lo importante era que la materia prima que llegaba a la fábrica fuera "de calidad" y de que el producto saliente también cumpliera esos estándares de calidad. Todo lo demás, quedaba en manos de sus corredores y supervisores de campaña, ha afirmado.

No obstante, J.M.C. ha negado que diera instrucciones a sus colaboradores y subordinados para amañar el precio de las naranjas y aumentar las cantidades. "No es cierto, se compraba lo que se tenía que comprar", y si se hubiera detectado alguna irregularidad, ha asegurado que "habría sido cesado fulminantemente" a los responsables de la misma.

Asimismo, ha desmentido la existencia de básculas para pesar camiones en la fábrica de transformación. Al contrario, ha afirmado que el producto llegaba en camiones en los que constaba la identificación de la finca de origen. Asimismo, las naranjas iban en palés y cajas, y esos palés se pesaban posteriormente en una báscula para carretillas.

LA ACUSACIÓN TENDRÁ EN CUENTA LAS DILACIONES

Antes de comenzar el juicio, los abogados de la defensa han coincidido en pedir el archivo de la causa y el sobreseimiento de las acusaciones, al considerar que el tiempo transcurrido durante la fase de instrucción, abierta en 1999, "excede con mucho" el considerado razonable.

En concreto, los abogados han solicitado durante la fase de lectura de conclusiones previas que el juicio se suspendiera, al considerar que la fase de instrucción se ha dilatado durante demasiado tiempo, incurriendo den "dilaciones indebidas" y se habría violado de forma directa el derecho de defensa, porque se habrían "evaporado" muchos de los medios probatorios por el paso de los años.

Incluso, uno de los letrados ha pedido "valentía", que se diera "un paso adelante" y que se suspendiera el juicio a modo de "toque de atención" por la lentitud y el colapso de la Justicia.

Sin embargo, tanto el fiscal, José María Alcázar, como el abogado del Estado, Juan Ramón Calero, se han opuesto a esta solicitud, señalando que las dilaciones indebidas y la violación del derecho de defensa son argumentos que, en todo caso, deben ser valorados durante el juicio y podrían constar como una atenuante. De hecho, se han comprometido a tenerlas en cuenta.

El magistrado presidente de la Sala, José Luis García, ha desestimado la petición de los abogados de la defensa, señalando que las dilaciones indebidas constituyen una atenuante que modificará la pena, en todo caso. Eso sí, puesto que la petición de penas no sobrepasa en ningún caso más de dos años de prisión, ha accedido a que los procesados puedan ausentarse de las vistas orales, a excepción de cuando les toque declarar a ellos mismos.