Exjefe aeronáutico juzgado por desapariciones en dictadura argentina

Omar Graffigna, exjefe de la Fuerza Aérea en la dictadura argentina (1976-1983) y otros dos acusados, comenzaron a ser juzgados este lunes por la desaparición en 1978 de la hija y el yerno de la vicepresidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.

José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit fueron secuestrados por efectivos de la aeronáutica el 6 de octubre de 1978 y siguen desaparecidos. Su primera hija, Mariana, que tenía 15 meses fue llevada con ellos pero poco después fue dejada en la casa de la familia paterna.

El matrimonio fue alojado en un centro clandestino de detención que funcionaba en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en Morón (periferia oeste), dependiente de la Fuerza Aérea.

Patricia, hija de la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, estaba embarazada de 8 meses. Para dar a luz fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), al norte de Buenos Aires, donde funcionaba una maternidad clandestina, y luego fue regresada a Morón con su bebé, que fue robado.

Además de Graffigna, de 90 años, son juzgados Luis Trillo, que estuvo a cargo de la RIBA, y Francisco Gómez, expersonal civil de Inteligencia de la RIBA.

Gómez fue condenado en 2005 por la apropiación del niño que Patricia tuvo en la ESMA, Guillermo Pérez Roisinblit, que recuperó su identidad en 2000, recordó un comunicado de Abuelas.

Graffigna, que integró la segunda junta militar que gobernó entre 1979 y 1981, había sido absuelto en el histórico Juicio a las Juntas de 1985, en el que fueron condenados a prisión perpetua al exdictador Jorge Videla y al exjefe de la marina Emilio Massera.

En 2013, Graffigna fue detenido y procesado por la desaparición de Pérez Rojo y Roinsinblit en 1978, cuando él era jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Los casos de participación de la aeronáutica en los crímenes de lesa humanidad son menos frecuentes que los que involucran a personal de la Marina y del Ejército.

En el juicio, se presentaron como querellantes Rosa Roisinblit y Guillermo Pérez, así como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2001 y 2012, según un comunicado de prensa.

Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura, según organismos humanitarios.