La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) demandó este viernes a Nicaragua desechar el proyecto de canal interoceánico por los "graves" daños que causaría a más de 100.000 campesinos, bosques y al mayor lago de Centroamérica.
El organismo, que tiene sede en París y representa a 180 organizaciones de derechos humanos del mundo, exhortó a Nicaragua a "renunciar al proyecto del canal interoceánico" y a obras anexas previstas en la concesión, en un informe presentado en Managua sobre "el grave impacto en los derechos humanos" que provocaría la vía trasatlántica.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega entregó el 14 de junio de 2013 al consorcio Hong Kong Nicaragua Development Invesment (HKND), del chino Wang Jing, el derecho de construir un canal interoceánico de 276 km por el sur del país.
La iniciativa despertó consternación entre ambientalistas por la destrucción de bosques, por el lago Cocibolca, el mayor de Centroamérica, y el desplazamiento de miles de pobladores a lo largo de su ruta.
La FIDH instó a Managua derogar la Ley 840 para el desarrollo del canal, aprobada en 2013 sin contar con estudios de factibilidad.
También llamó la atención sobre la represión policial contra los campesinos que han protestado contra el canal los últimos dos años y urgió "cesar la militarización" en las comunidades afectadas por el proyecto.
Lo que más preocupa es "la criminalización, que se utilice un sistema penal que debería estar destinado para la defensa de la población, en contra" de los opositores al canal, como la presencia militar en esa zona, declaró a la AFP Juan Francisco Soto, directivo de la FIDH.
La AFP intentó obtener una reacción de las autoridades nicaragüenses al informe pero no obtuvo respuesta.
El informe denuncia además la persecución, amenazas y allanamientos de propiedades de líderes de las protestas, quienes han sido tildados por el gobierno de "enemigos del desarrollo".
"Todavía no ha comenzado el proyecto y hemos tenido tanta persecución", lamentó la líder de los campesinos opuestos al canal, Francisca Ramírez, durante la presentación del texto.
El informe fue elaborado por la FIDH con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sobre la base de un análisis jurídico de la concesión y el testimonio de 131 campesinos radicados en la proyectada ruta canalera.
El proyecto, que HKND operaría por un plazo de 50 años renovable por otros 50 y una inversión de 50.000 millones de dólares, busca competir con el Canal de Panamá.
El canal pasaría por el lago Cocibolca que abastece de agua a 80.000 nicaragüenses del sur del país, arrasaría 193.000 hectáreas de bosques y al menos siete reservas, entre ellas la biosfera de Ometepe, la isla lacustre más grande del mundo, indica el documento.
De acuerdo con el informe, el régimen jurídico del canal vulnera cuatro tratados internacionales, ocho leyes nicaragüenses y "deroga toda norma que se le oponga, adoptando indebidamente un rango supraconstitucional", advirtió la FIDH.
Esta concesión "es un cheque en blanco para el inversionista" chino porque le permite desarrollar el canal "en condiciones excepcionalmente favorables".
Alertó que el canal facilitará el "mega acaparamiento" de 2.900 km de tierra que serían expropiadas a precios irrisorios dejando en una "grave indefensión" a miles de campesinos e indígenas.
Calculó que unas 119.000 personas serían desalojadas de sus tierras, muy por encima de las 27.000 apuntadas por HKND.
La FIDH recriminó la indiferencia oficial ante las numerosas acciones legales que fueron presentadas por los afectados para suspender la concesión, entre ellas la presentación de 28.000 firmas ciudadanas al Congreso.
El organismo consideró además necesario "dilucidar si China estaría detrás del inversionista" Wang, puesto que "las entidades que han intervenido en la preparación para la construcción del canal son empresas chinas estatales".
China debería "abstenerse de contribuir a través de sus empresas estatales a una concesión tan lesiva para los intereses de Nicaragua y el medio ambiente", estimó la FIDH.
El informe recoge un estudio de la consultora nicaragüense Mónica López que demuestra la existencia de "más de 15 empresas de maletín" vinculadas al canal.
"Estas empresas de fachada (..) son indicios de un posible esquema de corrupción detrás de esta concesión", afirmó la directora para Las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.
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