El objetivo de Facua es hacerse cargo de la representación legal de las más de 1.600 personas que así se lo han solicitado, aunque podrían ser más ya que según comentan algunas fuentes de la asociación, el número de interesados en la causa sube día a día. Se les piden 90 euros para formar parte de este grupo.
Facua creó una plataforma de afectados cuando se descubrió el escándalo en la que de momento hay más de 40.000 personas, según fuentes de la organización, la mayor de Europa.
También han realizado reclamaciones ante organismos de consumo y han logrado que tanto Andalucía como Castilla-La Mancha hayan incoado sendos expedientes sancionadores contra el consorcio automovilístico.
Consideran, no obstante, que la mejor vía para la consecución de una reparación material es la judicial, y por ello quieren ser parte del procedimiento abierto por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.
La querella que tramita el juez Moreno fue presentada por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, y se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de 4 cilindros.
El trucaje se pudo realizarse, según investiga el magistrado, con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios