En el escrito de acusación y solicitud de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía considera a Osuna y a Fedriani supuestos responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de un delito de fraude y, además de la pena de cárcel, reclama para ellos 20 años de inhabilitación absoluta y seis años de inhabilitación para empleo o cargo público.
A García Gallardo le atribuye presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, delito societario, fraude, administración desleal, apropiación indebida y un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que reclama también su inhabilitación absoluta por 15 años.
En la causa hay tres acusados más entre familiares y personas cercanas al empresario, para quienes el Ministerio Público solicita penas que van de los seis años a los 14 años y siete meses de prisión.
Como se recordará, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, encargado de la instrucción que se ha prolongado durante más de una década, emitía en julio de 2015 un auto en el que instaba a la Fiscalía y a las acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o la práctica de diligencias complementarias.
La Abogacía del Estado --que representa los intereses de la propia zona Franca-- y el PSOE --que ejerce la acusación particular-- han solicitado en sus escritos de acusación penas de siete años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta para Osuna y Fedriani.
Para García Gallardo, el PSOE eleva la petición de cárcel a 24 años, mientras que para el resto de acusados solicita multas y penas de cárcel que oscilan entre los cuatro y los ocho años.
EL CASO
Cabe recordar que la instrucción del 'caso Quality Food' se inició en febrero de 2004 e investiga un presunto quebranto millonario para las arcas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la compra de acciones de la empresa alimentaria que ha dado nombre al procedimiento.
Igualmente, cabe señalar que Fedriani fue encausado tras declarar como testigo de Osuna, quien pasó de denunciante a imputado después de siete años de instrucción del caso.
El auto emitido en su día por el juzgado instructor recoge que los acusados procedieron, entre los años 2000 y 2004, a desarrollar una conducta orientada a "desviar parte del presupuesto del Consorcio de la zona Franca de Cádiz" hacia el "patrimonio particular", creando "una trama con la que, en beneficio de sus arcas, han defraudado al erario público millones de euros".
Asimismo, destaca que "toda esta trama y juego de corruptelas finalmente devino en el hundimiento económico de Quality cuando se descubrió que, tras la fachada de una empresa de éxito, se había creado un complejo entramado", el cual gozó a lo largo de un dilatado periodo de tiempo de "ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines".
Apuntaba también que el hecho de que se persiguiese "un fin loable o legítimo" como aliviar la situación de paro de la provincia y fomentar la creación de empleo "no puede eludir la responsabilidad penal de todos los implicados que acordaron la decisión de dar a los caudales públicos un destino privado para satisfacer sus atenciones personales, dispusieran de bienes ajenos o incumplieran las normas relativas a subvenciones". Asimismo, añadía que "quienes nada hicieron para evitar o revertir esa situación" podrían tener, en su caso, sus propias responsabilidades.
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