Recientemente, la jueza remitió al decanato para su posterior reparto a un juzgado de instrucción las irregularidades descubiertas en la contratación por parte de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía --posteriormente Consellería de Solidaridad y Ciudadanía-- de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
La magistrada acordó enviar estos hechos a otro órgano judicial al entender que los mismos eran ajenos a los que se investigan en las dos piezas que todavía instruye del caso Blasco --la relacionada con la concesión de ayudas a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011 y la relativa a la construcción de un hospital en Haití--.
Frente a ello, el fiscal ha decidido recurrir esta decisión y le pide a la jueza que asuma esta nueva investigación en una pieza diferente a las otras dos ya abiertas por cooperación. Justifica su petición en que se investigan a las mismas personas en las mismas fechas, pese a que el objeto contractual es diferente.
La nueva causa investiga si se amañaron contratos para que servicios informáticos, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra cumpliendo prisión tras ser condenado, junto al exconseller Rafael Blasco, por el desvío de las ayudas destinadas a la Cooperación y Desarrollo.
La jueza aprecia indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos. Según constan en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros, habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.
En el auto de la jueza se señala que esos contratos fueron adjudicados a tres empresas --Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática-- que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
Las primeras mercantiles contrataban con las segundas antes de que se hubiera iniciado la tramitación del expediente administrativo que había de resolver a quién se le adjudicaba el servicio o de que se publicitara el pliego de condiciones. En otras ocasiones, el objeto del contrato no se correspondía con el servicio prestado.
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