La Fiscalía solo considera afectados por la CAM a los que compraron cuotas en 2011

Esta podría ser la última oportunidad para que algunos de los afectados por las cuotas participativas de la CAM de recuperar parte del dinero que invirtieron en unos títulos que llevan más de cinco años con su cotización suspendida y que, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, valen 'cero'.

Así, en el juicio relativo a la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Fiscalía, además de las condenas y las indemnizaciones que pide para los acusados, ha solicitado que se indemnice a los cuotapartícipes "en la cantidad que estime la Sala" una vez concluida la vista, aunque solo a aquellos que las adquirieron entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.

Las acusaciones particulares en representación de los afectados han solicitado que se amplíe el período en el que se considera fraudulenta la venta de las cuotas participativas, un criterio que no ha compartido el fiscal, Luis Rodríguez Sol, pues entiende que la causa específica sobre las cuotas participativas se ha archivado ya tres veces y que es un tema "zanjado", punto compartido por las defensas que han pedido que se excluya del proceso a las acusaciones ejercidas por el abogado Diego de Ramón y por el particular Cristóbal Pons.

Además, la jueza Carmen Lamela, instructora del caso, rechazó reabrir el caso al considerar que el plazo para investigar la causa ya ha vencido. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las instrucciones no se alarguen más de seis meses solo permite prorrogar dicho plazo en causas complejas si alguna de las partes lo solicita, cosa que no ha sucedido.¿Quién es el responsable?

No es la única polémica que ha surgido en torno a este caso. Dos de los responsables civiles, Banco Sabadell y la Fundación CAM, no han querido aceptar su responsabilidad en perjuicio de la otra parte.

Para el Sabadell, está acreditado que el heredero jurídico de las cuotas participativas es la Fundación CAM. Por el contrario, para la Fundación, el responsable es el Sabadell. Además, estas dos partes han intentado tumbarse mutuamente las pruebas aportadas al juicio.

El tercero en discordia, la aseguradora Caser, sostienen que ellos no deben responder por estos hechos ya que si se probara el dolo sería el condenado el que debería asumir las indemnizaciones con su propio patrimonio.

La jueza Ángela Murillo, magistrada que ya estuvo al frente del último juicio financiero, el de las tarjetas black de Caja Madrid, será la encargada de decidir sobre el futuro de los exdirectivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno.

Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.Decomiso de 2,2 millones de euros

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.

Según explica el escrito de acusación, los exdirectivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titularización de activos y su incorrecta contabilización.Se aseguraron complementos retributivos de 20 millones

Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".

"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.

Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.