EL GOBIERNO ADMITE EL RIESGO DE RECIBIR UNA MULTA DE LA UE POR NO TRASPONER 23 DIRECTIVAS COMUNITARIAS A TIEMPO

El Gobierno de Mariano Rajoy admitió este viernes el riesgo de que la Unión Europa imponga a España una multa de aproximadamente 200 millones de euros por el retraso en la trasposición de entre 19 y 23 directivas comunitarias que deben ser adaptadas a la legislación española para su entrada en vigor y que todavía están pendientes por la actual situación política.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se tiene "identificado un conjunto de directivas que exigen una trasposición rápida", dado que la UE ha dado de plazo hasta finales de agosto para adaptarlas a España.
Explicó que existe una "dificultad constitucional" porque el Gobierno en funciones no puede realizar esa trasposición, por lo que es necesario esperar a que se produzca la investidura de un nuevo presidente para realizar los trámites administrativos y legislativos.
Sáenz de Santamaría destacó que España está "bastante al día" en la trasposición de aquellas directivas que pueden adaptarse "por vía reglamentaria como un real decreto o una orden ministerial", lo cual provoca que en Bruselas sean "bastante receptivos" a los impedimentos del Gobierno español en el resto de los casos que "no se pueden hacer en funciones".
"Estamos acelerando todos los trabajos internos para que, en cuanto haya una investidura, podamos remitirlos de forma ordenada al Congreso para su discusión. Eso muestra nuestra voluntad en trasponer pero no tenemos capacidad constitucional para hacerlo ahora", dijo.
En este sentido, confió en que el resto de los grupos parlamentarios sean comprensivos cuando llegue el momento de aprobar las trasposiciones, porque son un elemento de "pertenencia a la UE" y el derecho comunitario obliga a asumirlas.
Además, apuntó que las más importantes podrían tramitarse con "urgencia" en el Congreso de los Diputados si los demás partidos están de acuerdo para evitar una sanción de la UE.