El fiscal del 'caso Gil', Carlos Castresana, premiado por la Abogacía Española por su "firme y ejemplar" actitud profes

Así lo ha decidido el jurado de estos premios que ha sido formado por la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente de TI-España, Jesús Lizcano, y el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá.

También han formado parte de este grupo los abogados Francisca Sauquillo y Beltrán Gambier, y el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

Carlos Castresana ha sido reconocido, en esta primera edición del galardón, por haber demostrado una "actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la corrupción en su trayectoria vital o profesional", ha explicado la Abogacía en un comunicado. Este premio no tiene dotación económica.

Por otro lado, este mismo jurado ha reconocido con un accésit a la Fundación ¿Hay Derecho? Por su labor "a favor de la transparencia, la defensa del Estado de derecho y la mejora" del ordenamiento jurídico e instituciones.

TRAYECTORIA DE CASTRESANA

En cuanto su carrera profesional, se destaca al la dedicación, desde 1995, cuando ingresó en la Fiscalía Anticorrupción, a investigar delitos económicos de relevancia nacional e internacional. Es conocido por encabezar investigaciones como el 'caso Gil', en las que indagó en la presuntas irregularidades cometidas por el fallecido presidente del Atlético de Madrid, durante su etapa como alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil.

Otro de los casos que llevó fue el que presentó ante la Audiencia Nacional contra el presidente chileno Augusto Pinochet, acusado de genocidio, tortura y terrorismo y contra los militares que gobernaron en 1976 Argentina.

Posteriormente, en 2007, la Secretaría General de la ONU le encargó dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con el fin del colaborar con este país para investigar y desmantelamiento de los grupos criminales. Sin embargo, tres años más tarde dimitió como director de esta Comisión por el "incumplimiento" del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.