Rumanía cambia el código penal para despenalizar algunos delitos por corrupción

El Gobierno de Rumanía ha aprobado este martes una legislación que despenaliza algunos delitos por corrupción, medida que ya ha sido condenada por el presidente, Klaus Iohannis, y que ha provocado nuevas manifestaciones en la capital, Bucarest.

El Ejecutivo ya había anunciado su intención de modificar la legislación en este sentido, lo que ha desencadenado semanas de manifestaciones en las que miles de personas han salido a las calles para protestar contra la medida.

Las enmiendas, introducidas a través de un decreto de emergencia, despenalizan los casos de abuso de poder en los que se hayan provocado daños económicos inferiores a 200.000 lei (unos 44.385 euros).

Asimismo, el Gobierno ha aprobado reducir a la mitad las condenas a todos aquellos mayores de 60 años, enfermos terminales o con hijos a su cargo, independientemente de su edad.

Iohannis, quien ha sido muy crítico con el Gobierno durante los últimos días, ha afirmado a través de un comunicado publicado en la red social Facebook que "hoy es un día de luto para el Estado de Derecho".

Así, ha afirmado que "el Estado de Derecho ha sufrido un golpe en la lucha contra la corrupción", agregando que el Gobierno ha ignorado "los sueños y aspiraciones de millones de rumanos que quieren vivir en un país libre de corrupción".

Inmediatamente después del anuncio, hecho por el ministro de Justicia, Florin Iordache, miles de personas se han concentrado en la plaza de la Victoria, en el centro de Bucarest, para protestar contra la medida.

Según las informaciones recogidas por la agencia rumana de noticias Agerpres, unas 10.000 personas han acudido a la plaza, si bien la cifra podría aumentar, ya que durante la madrugada ha seguido llegando gente a la céntrica plaza.El Gobierno se defiende y Bruselas mira  atenta

"Hemos adoptado este texto para poner la legislación en acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional", afirmó el ministro de Justicia, Florin Iordache.

Este decreto, que no figuraba en la agenda gubernamental del día, entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial, sin pasar por el Parlamento.

Bruselas, que sigue de cerca la reforma judicial en este país, ya advirtió en su último informe, la semana pasada, contra cualquier medida que pudiera debilitar la lucha contra la corrupción.