COREA DEL SUR VIGILA LOS HÁBITOS TELEVISIVOS Y RADIOFÓNICOS DE LA POBLACIÓN, SEGÚN AMNISTÍA

Las autoridades de Corea del Norte ponen en peligro el derecho a la intimidad de sus ciudadanos con medidas como la vigilancia sistemática en los hogares, la escucha de conversaciones con teléfonos móviles de contrabando y la supervisión de los hábitos radiofónicos y televisivos de las familias, según Amnistía Internacional (AI).
En su último informe anual, Amnistía Internacional afirma que la población norcoreana soportó en 2015 “la negación y la violación de casi todo el espectro de los derechos humanos”.
El informe indica que los norcoreanos que hacían llamadas con teléfonos móviles de contrabando que vivían junto a la frontera china para ponerse en contacto con personas que residían fuera del país afirmaban haber notado con frecuencia interferencias en la línea y escuchas telefónicas, entre otras violaciones del derecho a la intimidad.
En el Ministerio de Seguridad del Estado existía una unidad especial encargada de operaciones secretas de inteligencia y digitales que utilizaba sofisticados dispositivos de vigilancia importados para detectar a los usuarios de teléfonos móviles que intentaban llamar al extranjero. Si una persona marcaba un número de Corea del Sur o pedía que le enviaran dinero y alguien oía la conversación, corría el peligro de ser detenida.
Por otro lado, Amnistía Internacional subraya que el año pasado seguía la vigilancia entre particulares, puesto que el Gobierno establecía grupos de vecinos con diversas tareas, como la educación ideológica, que estaban autorizados a visitar en cualquier momento domicilios privados e informar sobre las actividades de sus ocupantes.
“Quienes dirigían estos grupos, junto con una unidad especial del Ministerio de Seguridad del Estado, supervisaban los hábitos radiofónicos y televisivos de la población”, apunta.
Además, recalca que se reforzaba el grado de vigilancia cuando se sospechaba que en una casa se veía material audiovisual extranjero o se recibía dinero de un familiar que había huido del país.
Por otra parte, Amnistía Internacional indica que en Corea del Norte siguieron practicándose detenciones arbitrarias a personas a las que se sometía a juicios sin garantías y se impedía el acceso a representación letrada y a familiares.
Además, el Gobierno envió a más de 50.000 personas a trabajar a otros países, percibiendo sus salarios directamente de los empresarios y quedándose con una parte considerable como ingresos propios.