En el informe 'Este sistema corrupto: Abusos policiales y reforma en Pakistán', HRW ha señalado que las medidas puestas en marcha por las autoridades para frenar los abusos llevados a cabo por la Policía, que carece de los recursos y el equipamiento suficientes, no han surtido efecto.
"Pakistán se enfrenta a grandes desafíos en materia de seguridad", ha indicado el director de HRW en Asia, Brad Adams. "En vez de tomar medidas al respecto, el cumplimiento de la ley se ha dejado en manos de unas fuerzas de seguridad, que están llenas de corruptos y agentes que cometen abusos con impunidad, lo que conlleva una mayor inseguridad para los paquistaníes", ha añadido.
La organización ha documentado y analizado una serie de violaciones de los Derechos Humanos llevadas a cabo por la Policía, lo que incluye detenciones ilegales, tortura y ejecuciones extrajudiciales. HRW también ha hallado indicios de que las fuerzas de seguridad provinciales han sido presionadas en reiteradas ocasiones por políticos y miembros de la elite del país.
Según el documento, las fuerzas de seguridad de las provincias de Sind, Punyab y Baluchistán, principalmente, han utilizado la tortura durante numerosas investigaciones criminales, que en muchas ocasiones han supuesto la muerte de los detenidos.
Según ha denunciado la ONG, aquellas personas de grupos más vulnerables, como refugiados, miembros de minorías religiosas y personas con bajos recursos económicos, entre otras, se encuentran en grave peligro de ser víctimas del abuso policial.
La violencia física es normalmente utilizada por aquellos agentes de la Policía que no han sido entrenados para utilizar otros métodos de investigación profesional y análisis forense, según han explicado varios agentes a HRW.
TOTAL IMPUNIDAD
"No tengo duda alguna de que la policía mató a mi hijo", ha señalado el padre de Syed Alam, que murió en noviembre de 2015 en Karachi mientras se encontraba detenido. "Lo mataron porque yo presenté una demanda contra ellos. No tengo la esperanza de hallar justicia en este sistema", ha añadido.
La legislación permite que los políticos interfieran en las operaciones policiales rutinarias, según ha señalado la ONG, que ha alertado de que esto conlleva que muchas investigaciones anticorrupción sean retiradas debido a la presión política ejercida.
"Las condiciones de trabajo y los incentivos deben mejorarse. La Policía debe tener sus propios recursos, entrenamiento y equipamiento, así como la motivación necesaria para actuar de forma profesional en vez de a través de un sistema corrupto de favores y sobornos", ha instado Adams.
La ONG ha instado a los gobiernos federal y provincial a investigar y demandar a aquellos policías que se encuentren detrás de las violaciones de los Derechos Humanos. "La ley no se convertirá en una realidad a menos que las fuerzas de seguridad que la imponen se sometan a ella. Para que esto suceda, el Gobierno tiene que llevar a cabo una serie de reformas para perseguir el tráfico de influencias", ha zanjado Adams.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios