El Ministerio del Interior ha detallado en un comunicado que dos de los heridos ya han sido dados de alta, mientras que los otros tres están hospitalizados en estado "estable".
Asimismo, ha asegurado que las autoridades "se dirigieron al lugar tras el incidente (...) para examinar la escena del crimen y recabar pruebas para identificar a los terroristas sospechosos y llevarles ante la justicia".
Los ataques contra las fuerzas de seguridad del país han aumentado desde la ejecución en enero de tres personas condenadas por terrorismo, en los primeros ajusticiamientos llevados a cabo en el país árabe desde 2010.
La Fiscalía acusó a los condenados --Sami Mushaima, Abbas al Samea y Alí Abdulshahid al Singace-- de colocar una bomba y atraer a los agentes a la zona generando disturbios en la misma. Entre los muertos figura un coronel de nacionalidad emiratí.
El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) criticó entonces el fallo, recalcando que "las autoridades obtuvieron confesiones utilizando torturas" y agregando que "no se garantizó que el proceso fuera justo".
En enero murieron dos policías en dos ataques en el país, mientras que en febrero las autoridades han anunciado la muerte de tres "fugitivos" cuando supuestamente intentaban huir en barca hacia Irán.
Por su parte, la situación política continúa en un clima de tensión debido a las continuadas decisiones del Gobierno contra los partidos de oposición y los activistas críticos con las autoridades.
El Gobierno anunció el mes pasado la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
La decisión anuló un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.
Además, el Consejo de Representantes de Bahréin aprobó la semana pasada enmendar la Constitución para permitir que los tribunales militares juzguen a civiles.
El proyecto de ley tiene que pasar ahora a la cámara alta del Parlamento, tras lo que será enviado al rey, Hamad bin Isa al Jalifa, para su ratificación.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
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