Así, lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que ha señalado que se trata de facturas del servicio de mantenimiento y reparación por un importe superior al fijado en el expediente de contratación o directamente que no cuentan con un expediente, por lo que se presume que se abonaron por trabajos no realizados. Además, no ha descartado que se encuentren más facturas irregulares de épocas anteriores.
Montón ha explicado que estas facturas evidencian "una clara trasgresión" del procedimiento de contratación pública y de la Ley de Hacienda Pública, por lo que se pide a Fiscalía que las investigue por si se detecta la comisión de delitos.
Al respecto, ha señalado que las sospechas surgieron cuando los técnicos de la Conselleria analizaron las cuentas de 2014 para su aprobación y comenzaron a "tirar del hilo" hasta desenmascarar "esta madeja de 25 millones" de euros.
En concreto, se trata de facturas a Piaf por 12 millones superiores a la cantidad que figura en los expedientes y otros 12 millones en los que directamente "no hay expedientes de contratación", 5,5 a Piaf y 6,5 a Telecso.
Piaf es propiedad de Alejandro Pons, que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para financiar sus campañas electorales. La empresa dejó su actividad cuando comenzó a ser investigada y entonces se constituyó Telecso, propiedad de su hijo.
En la actualidad está vigente un contrato con Telecso de 2015 por unas obras de reforma y traslado de la unidad de extracción por valor de 28.000 euros y otro de 2012, que termina en dos meses y no se va a renovar, de obras de mantenimiento. Además, ha recordado que estas empresas están siendo investigadas por sus trabajos en los Ayuntamientos de Castellón y Vila-real.
Montón no ha querido decir si tiene la sensación de que se trataba de una trama organizada para financiar de formar irregular al PP pero ha señalado que ante la "sospecha" de irregularidades se ha trasladado el caso a Fiscalía. Además, ha apuntado que la revisión de estas facturas se ha realizado en un tiempo "récord" y se han detenido por el momento en 2006, por lo que no descarta que haya más de épocas anteriores.
SIN CONTROL
Al respecto, ha apuntado que hasta la fecha "no había ningún tipo de control" porque al ser un Consorcio --entre Gobierno valenciano y Diputción-- "eludía" las revisiones de la Intervención de la Conselleria y de la Generalitat que no permiten firmar "ningún contrato ni ninguna inversión si no es con arreglo al presupuesto y sin expedientes".
Del mismo modo, la Diputación "también eludía ese control y quedaba todo en manos de la presidencia y de la vicepresidencia" del Consorcio, que recaen respectivamente en el conseller de Sanidad y en el presidente de la Diputación.
Así, las facturas investigadas corresponden a los mandatos de Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera y Luis Rosado, pero también continuaron con Manuel Llombart, "el único que hasta ahora no estaba imputado" en causas judiciales. Del mismo modo, en estas fechas estaba al frente de la institución provincial Carlos Fabra y posteriormente el actual presidente, Javier Moliner.
En ese sentido, ha conminado a Moliner a que investigue también las cuentas de la Fundación Hospital Provincial que preside, "si no tiene nada que ocultar". "No vamos a consentir más irregularidades porque la sanidad pública valenciana no es un negocio de nadie pese a los recortes, corrupción en la que la dejó el PP", ha recalcado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios