Las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo' patrocinadas por Unicaja abordan los delitos de incitación al odio

Los delitos de incitación al odio ha sido el tema abordado en las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', que se han clausurado este viernes, y que patrocina y acoge Unicaja Banco. Las jornadas están organizadas en su XVI edición por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA).

Martínez Moya ha valorado, en declaraciones a los periodistas, la "labor previa" para "tener unos códigos claros", ya que, "el reto" siguiente es que se pueda "utilizar la terminología jurídica con rigor y saber diferenciar dónde está el componente de la libertad de expresión y dónde está esa frontera del discurso del odio, que genera fractura en la sociedad, que es un atentado a la pluralidad y a la diversidad".

"Estamos muchas disciplinas concernidas", ha añadido, al tiempo que ha indicado que "esto no es solo de juristas. Los juristas tenemos un enorme problema, que es, de acuerdo con la ley, saber interpretar lo que es muy difícil tipificar en el Código Penal".

Por ello, ha afirmado que "el reto del jurista es enorme", pero "previamente hay que trabajar en una labor de identificación". "Creo que es un problema con muchas aristas, con una enorme complejidad, pero al que el derecho, y sobre todo el Estado, tiene que dar respuesta", ha sostenido.

Es más, ha considerado que "queda mucho camino, pero es cierto, que como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la libertad de expresión es amplia, no es un derecho absoluto y las injerencias son excepcionales", precisando que "esas injerencias son la salvaguardia, es decir, evitar y prohibir esas injerencias y castigarlas es la salvaguardia de la buena convivencia social", ha concluido.

Por su parte, la fiscal delegada de Málaga de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación ha abordado "el discurso de odio y los problemas que tiene en la práctica la aplicación de los artículos que lo regulan", sobre todo, ha añadido, "en cuanto a dónde está el límite entre libertad de expresión y los colectivos afectados".

"Estamos viendo que hay mucha proliferación de discursos de odio en redes sociales", ha añadido. Asimismo, ha explicado que "hasta hace muy poco la gente no era consciente" y "precisamente porque han salido a la luz pública casos en los que se han visto que han sido personas condenadas es cuando la gente ha tomado conciencia".

Por su parte, el profesor del Centro de Altos Estudios Policiales de la Policía Nacional ha abordado el qué se puede hacer "a la hora de intentar prevenir o enfrentarnos a una problemática que hace diez años nos conocíamos y a partir de ahora se ha convertido en un 'boom' que empieza a aparecer en las calles".

"No es un peligro, no es alarmante, pero sí tenemos que conocer, y concienciar de que esto existe y tenemos instrumentos y medidas para poder erradicarla", ha señalado.

Así, ha abogado por "la formación" y ha valorado que se lleven a cabo cursos como este, que "nos hacen ser más libres". "La educación es el principal valor en que nosotros nos centramos; sin conocer lo que tenemos en nuestro Código Penal, lo que tenemos en las calles, en casa... no podemos saber si es delito o no; primero tenemos que conocer y esto es una oportunidad muy buena", ha concluido.

Por último, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga ha explicado que "el derecho penal únicamente se puede aplicar por el proceso penal".

Asimismo, ha añadido que "tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, la cual puede que se adapte mejor o peor a la investigación de este tipo de delitos, sobre todo cuanto entran redes sociales", y, aunque, ha habido una reforma en 2015, "que facilita la investigación, ha comentado que "es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene ciertas debilidades que tenemos que superar".

Por último, ha incidido en que "los que son susceptibles de ser sujetos pasivos del delito de odio tienen que denunciar", ya que, como ha precisado, "hay una cifra negra, una cifra oculta" porque "la gente no quiere denunciar por miedo a represalias, por miedo de no manifestar su condición sexual, porque es inmigrante ilegal o por las cuestiones que sean, y si no se denuncia, ya puede existir policía, fiscales o procesos, porque si no llega, la conducta queda impune", ha concluido.