Con carácter provisional, la acusación pública le imputa un delito continuado de desvelación de secretos por funcionario público y solicita una condena de tres años y tres meses de cárcel, nueve años de inhabilitación absoluta y el pago de una multa de 3.780 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Durante la vista oral se analizará la conducta del funcionario de la CHD en Valladolid, quien, presuntamente, habría utilizado la clave informática de su superior--que en la práctica es compartida--para realizar determinadas consultas en el Catastro.
En concreto, y aprovechando tal condición, R.R.M. habría usado esa clave para realizar multitud de consultas entre los meses de junio de 2010 y septiembre de 2014.
Las entradas en el registro del Catastro, cuya finalidad no ha sido concretada, tenían por objeto informarse de las propiedades de su exesposa (45 accesos), la actual pareja de ésta (9 consultas), sus exsuegros (53) y una hija de éstos y hermana de su exmujer (9).
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