"Usted por ley no puede trabajar": la Junta tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano"

La Junta de Andalucía ha admitido que tiene a más de 1800 empleados sin trabajar debido a que, al no ser funcionarios, no tienen potestades públicas.

Se trata, en concreto, e los trabajadores procedentes de servicios de empleo, entre ellos asesores laborales del plan Menta, agentes de promoción de empleo o de escuelas de formación, si bien el mayor número, 1.500 empleados, corresponden a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que, en 2011, pasó a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo.

Desde entonces, este personal está “mano sobre mano”, reconoce la Consejería de Empleo. Debido a que no es personal funcionario, por ley no puede tener asignadas capacidades administrativas. La situación genera malestar entre otros compañeros, debido a que los sueldos son en varios casos más elevados.

Para darle solución, la Junta tiene previsto empezar a negociar con las fuerzas políticas nuevas medidas para proveer de funciones a este personal, después de que pasada semana el Parlamento andaluz rechazara un decreto ley sobre empleo porque incluía una disposición adicional que ampliaba el catálogo de servicios y funciones a desempeñar por estos trabajadores.

“Necesitan tener funciones en la Administración autonómica”, han señalado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero."Merecen un respeto"

La Junta presentó este martes un nuevo decreto ley para modificar la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo y que no incluye la disposición adicional que provocó la semana pasada que fuera derogado en el Parlamento andaluz. Se trata, han reiterado, de "un abanico de trabajadores públicos que desean y quieren tener un sitio en la Administración, que merecen un respeto".

Vázquez ha exigido a los partidos políticos "no usar a los empleados públicos según les convenga" cuando ha señalado que "hubo candidatos en campaña de pancarta en pancarta haciéndose fotos, pero cuando trasladamos una iniciativa legislativa para darle solución, calcada al modelo del SEPE, lo tumban, eso se llama doble moral".Cien millones anuales

Desde hace años, el Servicio Andaluz de Empleo tiene en estos trabajadores uno de sus grandes problemas. Estos empleados no fueron despedidos al extinguirse la Faffe, sino que pasaron a depender del SAE, donde se les conoce como 'fafitos'. Esta plantilla cuesta a la Junta unos cien millones de euros anuales.

La Faffe se extinguió en el año 2011, con un agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones de la Junta sin justificar, lo que dio lugar a una investigación por parte de la juez Mercedes Alaya.

La Fundación se nutría de fondos públicos y sus empleados fueron contratados 'a dedo', sin pasar las pruebas necesarias para la función pública. Ello, según denunció la oposición, sirvió para que durante años se fuesen colocando familiares de cargos políticos del PSOE o miembros de sindicatos.