La Junta de Extremadura aprueba el nuevo decreto de mínimos vitales con una dotación inicial ampliable de 4,5 millones

El objetivo de dicho decreto, que se ajusta a los establecido en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social aprobada recientemente, es que los gastos relacionados con el consumo energético por parte de personas que puedan tener "dificultad" para hacer frente a los mismos "estén cubiertos".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha añadido que las ayudas en cuestión se conceden a las unidades familiares por luz y por agua, así como además y como novedad también por gas.

Al mismo tiempo, según ha resaltado Vergeles, en el nuevo decreto se eliminan los límites al consumo (expresados en kilowatios y en litros de agua), y se abonará la totalidad de la factura a las familias que lo necesiten.

También, estas ayudas se tramitarán a través de los ayuntamientos, salvo en el caso del gas, que se realizará como pago directo a las unidades familiares. En todo caso, los ayuntamientos no abonarán esas cantidades a las familias, sino que lo harán directamente a las compañías distribuidoras, con las que "próximamente" la Junta firmará convenios de colaboración, con el objetivo de "prevenir" los cortes de luz, de agua y de gas por no poder realizar el pago.

De igual manera, sobre la cuantía de la ayuda anual, Vergeles ha explicado que se tendrán en cuenta a la hora de su concesión los ingresos con los que cuenta la unidad familiar y el número de miembros de la unidad de convivencia.

Así, en concreto, como importes máximos para unidades familiares se prevén los de 600 euros para unidades de hasta dos miembros; de 700 euros para entre tres y cuatro miembros en la unidad familiar; y de 800 euros para cinco o más miembros.

Finalmente, José María Vergeles ha recordado que según el último estudio de la Red Contra la Pobreza EAPN, el 2,4 por ciento de la población extremeña está en riesgo de pobreza material severa, lo que lleva a que "aproximadamente 15.000" ciudadanos en la comunidad pueden tener "dificultad" para poder hacer frente a gastos relacionados con el consumo energético.