Por estos hechos, el Ministerio Fiscal ha pedido tres años de prisión y la inhabilitación durante cuatro años y medio para este hombre y, como responsabilidad civil, una indemnización a la Dirección General de la Policía con la cantidad supuestamente estafada de 476 euros.
Según reza en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, F.J.O.B., tenía entre sus cometidos gestionar la reparación de los vehículos oficiales, abonándose las facturas que estos emitían con cargo a las partidas presupuestarias de la Dirección General de Policía tras ser presentadas por el mismo ante el departamento administrativo correspondiente.
El fiscal entiende que éste, en septiembre de 2013, acudió a un taller al encargado, movido por un afán lucrativo, solicitó un incremento ficticio de las facturas correspondientes a la reparación de varios vehículos policiales, haciendo así que las mismas fueran por importes superiores a los reales, incorporando a su patrimonio la diferencia entre el valor real de la reparación y la cantidad facturada a la Dirección General de la Policía.
El Ministerio Fiscal incide en que a la citada operación accedió el encargado del citado taller, según ha resuelto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en auto de 12 de febrero de 2015, "determinado a ello para conservar el volumen de encargos y trabajos que le suponía la flota de vehículos de la Policía no tratando de obtener un lucro ilícito en la actividad, sino realizar los trabajos remunerados propios de su dedicación profesional".
El fiscal considera probado a su vez que el acusado realizó diferentes operaciones en el citado taller, entre septiembre de 2013 hasta marzo de 2014, cuando el encargado facturó horas y arreglos ficticios en los vehículos, según adelantó el diario 'Viva Huelva'.
De cara a la vista oral, el Ministerio Fiscal solicita la declaración del encargado del taller y de agentes de la Policía Nacional.
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