La absolución de los últimos tres militares mexicanos que seguían enjuiciados por el polémico caso Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron en un enfrentamiento con soldados en 2014 donde hubo supuestas ejecuciones extrajudiciales, fue muy criticada por ONG que ven "impunidad" en la libertad de los siete acusados.
Un juez federal "desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad" de estos tres soldados y los absolvió de los delitos de homicidio de ocho personas, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, dijo la fiscalía en un comunicado la noche del viernes.
Aunque la dependencia aseguró que había aportado "los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares" acató la decisión del juez.
"Esta es una resolución sumamente grave que consolida la impunidad de uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México", dijo a la AFP el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Santiago Aguirre.
Los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides eran los únicos que enfrentaban cargos ante un tribunal civil y que estaban presos en una prisión militar de la Ciudad de México por el caso, después de que un tribunal militar les absolviera en octubre junto a otros cuatro compañeros de haber infligido varios deberes militares.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una comunidad rural del Estado de México (centro), limítrofe con los convulsos estados de Guerrero y Michoacán, donde supuestamente los delincuentes tenían secuestradas a tres mujeres.
El Ejército informó entonces que, en el fuego cruzado, murieron 22 presuntos delincuentes y que un uniformado -de los ocho que participaron en el operativo- quedó herido.
Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después del choque, una superviviente y testigo clave -Clara Gómez- aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría por los soldados a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México y desató críticas entre varias ONG internacionales.
De hecho, en 2014, la fiscalía general acusó a los militares de haber matado extrajudicialmente a ocho civiles, usando incluso las armas de los delincuentes muertos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fueron entre 12 y 15 ejecuciones extrajudiciales y que hubo una alteración del lugar de los hechos para simular que todas las personas habían muerto por el enfrentamiento.
Sin embargo, en octubre, el tribunal militar consideró que los siete militares, entre los cuales el comandante del grupo, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cumplieron con el manual de uso de fuerza del Ejército considerando que "reaccionaron a una situación de resistencia agresiva grave por parte de los integrantes de la delincuencia organizada".
El tribunal castrense sólo impuso un año de prisión a Rodríguez Martínez por haber desobedecido órdenes superiores que exigían que en operativos nocturnos actuara con los 30 hombres que estaban a su cargo considerando que, al hacerlo sólo con siete esa madrugada, puso en riesgo la seguridad de sus elementos.
El teniente ya alcanzó la libertad por haber seguido su proceso en prisión durante un año.
El subdirector del Centro Prodh, que defiende a la superviviente Clara Gómez, recordó que en ese momento ya habían advertido del riesgo de que el caso quedara impune y dijo que la sentencia del viernes confirma que "los militares son intocable y no rinden cuentas en México".
Al recordar que la sentencia no es definitiva y que aún admite amparos de los familiares de los ocho presuntos ejecutados, Santiago Aguirre dijo que le preocupa que en ella no se reconozca a Clara Gómez como víctima, asegurando que teme por su seguridad.
Además, denunció que esta sentencia no sólo demuestra que en México hay "un poder judicial que con mucha frecuencia convalida las violaciones de los derechos humanos" sino que también exhibió las "deficiencias" de otras instituciones como la fiscalía general, que podría haber "hecho más contundente su acusación", o la CNDH, que "emite recomendaciones y no se asegura de ser proactiva en los juicios penales".
Varias ONG internacionales consideran el caso de Tlatlaya como uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón involucró a los uniformados en la lucha contra el narcotráfico. Este combate, aunado a los choques entre los cárteles, ha dejado miles de muertos y desaparecidos en el país.
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