Llorente lamenta su sanción, que ve "injusta", dentro de la "estrategia represiva de la Subdelegación"

Llorente ha insistido en que se trata de una sanción "injusta", que forma parte de una "estrategia represiva" de la Subdelegación del Gobierno.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, se decidirá si se le mantiene a Llorente la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara de 302 euros, durante la Huelga General del 14 de noviembre de 2012 para protestar contra la reforma laboral.

En su alegato, Llorente ha tenido ocasión de incidir en que se trata de una "sanción impuesta e injusta" por participar en una manifestación "pública y espontánea" en la que intervino con otras personas en "uso" de su libertad de expresión y en la que no se produjo ningún altercado.

En declaraciones a los medios, Llorente ha señalado que a su juicio se trata de una sanción "injusta" porque sólo ejerció "un derecho fundamental como otras mucha personas". Cree además que forma parte de una "estrategia represiva" de la Subdelegación del Gobierno, encabezada por el que fuera el subdelegado, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, "con la colaboración de una parte de la policía".

Según Llorente, en los últimos años se ha sancionado ya a "muchas personas" por ejercer derechos fundamentales. Una práctica que a su juicio es para impedir que la gente se manifieste.

La sanción impuesta a Llorente ha sido pagada y después recurrida, de ahí que en esta vista se vaya a decidir si se mantiene o se reintegra.

Hay varios recursos presentados y se han agotado todos los recursos que estaban a su alcance hasta llegar hasta la vista celebrada este miércoles.

Esa misma jornada, por este mismo caso no se sancionó a ninguna otra persona pero si a él, y otros ciudadanos, por la ocupación de la oficina principal del BBVA en Guadalajara para evitar el desahució de una anciana y su hijo. Con relación a esta sanción, Llorente ha señalado que quedó visto para sentencia y que todavía no se le ha comunicado nada.