El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado de que "estamos aceptando como normal la pérdida irreversible de muchos derechos de los que disfrutábamos antes de 2008" y se ha mostrado preocupado por la "continuidad de la crisis" que sigue sufriendo un importante sector de la población andaluza, siendo un año más los colectivos más vulnerables los más afectados, en especial, los menores, los mayores y las mujeres.
Así se desprende de las cifras que arroja el informe de gestión realizado por la Institución en 2015, que este jueves el Defensor ha entregado al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y en el ue se constata que de las 18.923 actuaciones tramitadas, un 60 por ciento tienen que ver con materias que pertenecen al ámbito del Estado de Bienestar, frente al 53 por ciento del año 2014 o al casi 40 por ciento de 2013, lo que supone un "agravamiento" de las situaciones.
En este sentido, el Defensor insiste en que los datos de los que disponen "no avalan una mejora en el empleo ni un índice económico más solvente", y destaca que en total 28.777 personas han acudido al Defensor durante 2015 para la defensa de sus derechos sociales, además de 277 colectivos y entidades que han trabajado con la Institución en la denuncia y protección de los mismos. Además, del total de actuaciones realizadas, se han gestionado 9.082 quejas, se han atendido 9.343 consultas y se han puesto en marcha 498 actuaciones de promoción de derechos sociales.
De este modo, subraya que de las 9.082 quejas gestionadas en 2015, 2.912 corresponden a años anteriores y 6.170 quejas se presentaron en el año, de las que 5.941 han sido por parte de personas o colectivos, y 229 han sido actuaciones de oficio --frente a las 179 de 2014--. Además, se han realizado 458 mediaciones, sobre todo en cuestiones de justicia, prisiones, servicios de interés general y vivienda.
Maeztu ha indicado también que de las más de 6.000 quejas admitidas a trámite en 2015, se concluyó la tramitación de 3.676 expedientes, donde detectó irregularidades por parte de la Administración en 2.093 casos, emitiendo una resolución para subsanarla que ha sido aceptada o está en vías de solución en un 94 por ciento de las veces.
En cuanto a las materias, la actividad ha estado marcada por la continuidad de las quejas y consultas por la demora del salario social --1.013--. Las 441 reclamaciones por cuestiones de vivienda, ya sean por necesidad de vivienda, reclamando las ayudas o por los casos de desahucios y ocupaciones irregulares. Y la continuidad de los expedientes por las dilaciones en Dependencia --200--.
Asimismo, la actuación del Defensor ha estado muy centrada en "visualizar" la situación de pobreza infantil y las situaciones de violencia en todas sus variaciones que afectan a los niños, donde más de 230 casos han sido por conflictos familiares, menores en situación de riesgo, desamparo o maltrato, entre otras.
Además, ha habido 565 quejas en educación donde la denuncia por los procesos de escolarización, aunque sigue siendo el grueso, está siendo desplazada por otros temas como la demanda del comedor escolar o sobre la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales. En este sentido, Maeztu ha precisado que ha cambiado la finalidad para la que se crearon los comedores escolares, que "ha pasado de ser un instrumento de conciliación a convertirse en uno de política social", para que "el niño coma".
Igualmente "significativo", afirma, ha sido el montante de quejas del personal del sector público (1.270) sobre todo por bajas y reposición, precariedad y temporalidad del empleo público, etcétera, así como las más de 244 reclamaciones ante el colapso y funcionamiento de los juzgados, ante lo que "hace falta que el Estado dé lugar a nuevos órganos, que la comunidad los dote de recursos y que la justicia se agilice".
En defensa de los usuarios en salud ha habido 300 quejas por asuntos que afectan a la salud mental, lista de espera, o derechos de los pacientes, entre otras y en especial, la atención sanitaria que recibe la población reclusa andaluza, objeto de un Informe Especial en este año sobre las Unidades de Custodia Hospitalaria. En este sentido, Maeztu solicita que "haya una integración de los sistemas de atención primaria y atención especializada para que se puede atender integralmente a estos enfermos, así como la firma del convenio entre el Estado y el Servicio Andaluz de Salud para regular la asistencia especializada a los presos".
En materia medioambiental, Maeztu ha informado que del total de quejas --304- destaca el trabajo ante las situaciones por contaminación acústica, la demanda por cumplir con el "vertido 0" de nuestras aguas y la defensa de un diseño de ciudad más inclusiva e inteligente, y en materia urbanística (163) la Institución ha llamado la atención sobre todo por los delitos contra la ordenación del territorio.
Finalmente, han sido significativas las más de 300 consultas por cuestiones sobre multas de tráfico, impuestos y tasas o por las prestaciones de los servicios financieros, entre otras.
Por ello, el Informe Anual 2015 concluye con una serie de propuestas urgentes para garantizar en la medida un estado de bienestar y los derechos sociales inherentes al mismo, basado en un equilibrio entre el necesario progreso económico y un bienestar social sostenible.
PIDE "AMPLIAR EL CRÉDITO" PARA ABORDAR EL SALARIO SOCIAL
Entre las medidas, la Institución propone la modificación urgente de la normativa que regula el salario social en tanto no se apruebe una Ley Andaluz de Renta Básica, y que se acuerde la ampliación del crédito presupuestario necesario para absorber la demanda existente y resolver las solicitudes pendientes.
En materia de suministros mínimos vitales de luz y agua para las familias más vulnerables, solicita el reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de la población a no verse privada del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera, también tratado en un Informe Especial en 2015 'Servicio de Suministro de Agua. Garantía y Derechos'. Y para el suministro de luz, Maeztu propone un protocolo de actuación entre las empresas suministradoras y los ayuntamientos que evite los cortes por situaciones económicas.
En materia de políticas activas de empleo, el paro estructural que registra Andalucía y el deber de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y eficiencia en la utilización de los recursos públicos "hacen imprescindible" para el Defensor el sometimiento de las políticas activas de empleo "a un profundo proceso de evaluación" que permita determinar su grado de efectividad y eficiencia, así como adoptar las medidas que sean necesarias para ello.
MEDIDAS PARA SUPERAR "DISFUNCIONES" EN AYUDAS A LA VIVIENDA
En vivienda que, de forma inmediata las viviendas que gozan de algún tipo de protección y que se encuentran vacías o desocupadas, se destinen al alquiler social, así como que "se adopten medidas para superar las disfunciones detectadas en la gestión de las ayudas a la vivienda y que se agilicen los sistemas de adjudicación de viviendas donde consideramos más justo que se realice una baremación basada en criterios sociales y no por sorteo".
El Defensor del Pueblo Andaluz ha concluido su intervención con una reflexión sobre el retroceso que, a tenor de estos últimos años de crisis, están sufriendo algunos derechos sociales y ha mostrado el compromiso pleno por parte de la Defensoría andaluza para luchar contra esa tendencia. "Nos resistimos a aceptar como irreversible la pérdida de derechos", incide, toda vez que asegura que "no podemos acomodarnos a esa tendencia".
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