Magdalena Álvarez pide copia de la declaración del exinterventor general de la Junta de Andalucía en el caso ERE

Así lo reclama Álvarez a través de un escrito presentado por su procurador el pasado martes, 26 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, donde solicita en concreto "copia de las actas y las grabaciones audiovisuales" de ambas personas, que comparecieron ante la juez María Núñez Bolaños el pasado 13 de enero.

Se da la circunstancia de que el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez declaró ante la magistrada que la propia Magdalena Álvarez --sin mencionarla directamente en su declaración-- habría tenido conocimiento del uso "inadecuado" de las transferencias a través de las memorias anuales de cumplimiento de 2001 y 2002.

El mismo día, la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli, ratificó ante la juez su informe del año 2012 donde señalaba que las transferencias de financiación podían utilizarse para otros fines distintos a equilibrar el presupuesto de la agencia IDEA, mientras que también dijo que, para hacer su informe, no comprobó que los beneficiarios de las ayudas cumplieran los requisitos, ya que "no era su labor", por lo que tampoco comprobó "expediente por expediente" para ver si se cumplían dichos requisitos.

BRAULIO MEDEL

Por su parte, la procuradora del exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta y actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, también ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pide que se expida "testimonio o copia de la declaración practicada" a su representado el pasado 17 de febrero en calidad de investigado como miembro del Consejo Rector de la agencia IDEA.

En aquella jornada comparecieron cuatro miembros del Consejo de IDEA --también el expresidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya-Angeler; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, y la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís-- que coincidieron en señalar que desconocían que se pudieran estar produciendo actuaciones ajenas a la legalidad.