Los guatemaltecos que luchan por la defensa de los derechos humanos y la protección ambiental sufren acoso constante por su oposición a grandes proyectos y plantaciones industriales, advirtió Robert Bank, el nuevo presidente de la ONG Servicio Judío Americano Mundial (AJWS, por sus siglas en inglés).
"Hemos escuchado historias de gente que está protestando pacíficamente porque sus comunidades se están viendo afectadas por megaproyectos como hidroeléctricas, plantaciones de palma africana, porque les están desviando los ríos", contó Bank a la AFP durante una visita de una semana a Guatemala.
Los activistas regularmente sufren amenazas y muchas veces son asesinados, advirtió.
El titular de la AJWS reconoció que la situación es "absolutamente alarmante" y que a pesar de las constantes denuncias, el Estado ha hecho muy poco para resguardar a los defensores de ese acoso.
"Parte de lo que hemos estado escuchando en el transcurso de la semana es que la gente que está luchando por el derecho a expresarse, a movilizarse para que se respeten sus derechos, en algunas ocasiones recibe respuesta del gobierno pero que en muchas no la reciben", agregó el abogado estadounidense.
La AJWS, con sede en Nueva York, apoya a activistas en 19 países de África, Asia, Centroamérica y El Caribe, en áreas de derechos a los recursos naturales, civiles, sexuales y políticos, justicia económica y salud.
En Guatemala su principal organización socia es la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), que en el primer semestre de 2016 registró siete asesinatos de activistas, tres atentados y 79 agresiones.
Durante 2015 ocurrieron 459 casos de ataques contra defensores de derechos humanos, según UDEFEGUA.
A pesar del hostigamiento, Bank mencionó que resulta "alentador" el compromiso que observó en grupos de jóvenes, mujeres e indígenas por "luchar por la justicia".
Bank apuntó que Guatemala vive un momento "emocionante" en su historia para el cambio de liderazgos tras la caída el año pasado del expresidente Otto Pérez (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una estructura de altos funcionarios que orquestó una estafa en el sistema nacional de aduanas.
Ambos dejaron el poder en medio de protestas ciudadanas y ahora, en prisión preventiva, acumulan otros señalamientos de corrupción cometidos antes y durante su gestión gubernamental.
"Es un tiempo muy emocionante para Guatemala visto desde fuera. El simple hecho de que hayan depuesto a un presidente y una vicepresidenta en funciones son cambios de liderazgo sumamente importantes. Ahora la juventud mira hacia el futuro y quiere otro tipo de vida", apuntó.
El nuevo presidente de la AJWS valoró que la justicia guatemalteca haya emitido en febrero pasado una condena contra dos militares retirados por someter a esclavitud sexual a al menos 15 mujeres en un destacamento del ejército en el noreste del país durante la guerra civil (1960-1996).
También señaló que espera se pueda emitir una nueva sentencia por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, de 89 años, señalado de la matanza de cientos de indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
"El hecho de que se logre hacer justicia en los casos de genocidio nos atañe a todos. El genocidio es un delito aborrecible que no debería existir", precisó.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio en 2013 pero por errores en el proceso se ordenó repetir el juicio. El año pasado se le diagnosticó demencia por lo que enfrenta un proceso especial que de ser hallado culpable, sería recluido en una residencia o un hospital.
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