LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR RECLAMA “SEGURIDAD” CON RESPECTO AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL 0,7% DEL IRPF

- Admite que “el modelo anterior ha muerto” y “habrá que rediseñar los proyectos para dotarles de otro alcance y elevarlos al tramo estatal". El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, aseguró este lunes que el sector necesita “seguridad” con respecto al nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF.
Así lo dijo Poyato durante el seminario informativo que la PTS organizó en Fundación ONCE con el objetivo de despejar a las entidades sociales las dudas en torno al Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, que regula las bases para acceder a las subvenciones estatales con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que con el nuevo modelo el Estado ya no gestiona el 100% de lo recaudado, sino el 20%.
Además, el presidente de la PTS ha manifestado que desde que el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia para cambiar el modelo de reparto de subvenciones del 0,7% del IRPF, el Tercer Sector ha tenido “secuestrada” su identidad. “Tras varios meses de reuniones con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la hemos recuperado”, indicó el presidente, sin dejar de subrayar que el Tercer Sector necesita “confianza y certeza para planificar el trabajo que se tiene previsto para el año que viene”.
Por su parte, el vicepresidente de Acción Política e Institucional de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Carlos Susías, manifestó que el nuevo modelo de reparto de las subvenciones del 0,7% del IRPF es un “reto” para el sector, el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Por otro lado, a pesar de las incógnitas que supone el modelo mixto, Susías indicó que permitirá “hacer cosas que antes no se podía como tratar temas trasnacionales desde el ámbito estatal”.
PROGRAMAS SUBVENCIONALES
Según marca la nueva norma, los programas subvencionables en el ámbito estatal atienden a tres ejes: necesidades de atención integral sociosanitaria, necesidades educativas o de inserción laboral, y proyectos para el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia.
Desde la PTS indicaron que estos ejes han sido el resultado de numerosas reuniones con el Ministerio y, siempre, teniendo en cuenta el trabajo y las propuestas de todas las entidades que lo forman. A pesar de esto, aún existen algunos puntos por concretar como, por ejemplo, los programas transversales a varios ejes.
El vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad Económica de la Plataforma del Tercer Sector, Leopoldo Pérez, aseguró que “el modelo anterior ha muerto” y, en este sentido, destacó que “habrá que rediseñar los proyectos que se venían trabajando y dotarles de otro alcance para elevarlos al tramo estatal, ya que la mayoría de ellos se encuadrarán ahora en las comunidades autónomas, atendiendo a la naturaleza de los mismos”.
PLAZOS
En los próximos días está previsto que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad convoque la concesión de subvenciones estatales, donde se repartirán más de 48 millones de euros procedentes de la cantidad asignada al 0,7% en las declaraciones de la renta del periodo impositivo 2015. En este sentido, desde la Plataforma del Tercer Sector indicó que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para que las entidades tengan un mes de plazo para presentar sus proyectos y no los 15 días que en un principio se contemplaban.
En la inauguración del acto ha estado presente el director general de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Borja Fanjul, quien explicó que desde el Gobierno siempre se ha tenido voluntad de crear un tramo estatal porque el trabajo de las entidades en este ámbito es “esencial” para atender a más de 7 millones de personas que lo necesitan. Además, puso en valor al Tercer Sector de Acción Social como uno de los fundamentos de la Marca España.
Por su parte, la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María del Pilar Gonzálvez, quiso recalcar que la decisión de cambiar el modelo que llevaba funcionando casi 30 años ha venido motivada por una sentencia del Tribunal Constitucional. En este sentido, aclaró que “ahora nos movemos en el marco de las competencias y la jurisprudencia porque si no vendrán otras impugnaciones”.