En un comunicado, Monzó ha explicado que la mayoría de los asesores --muchos de ellos suspendidos cautelarmente de empleo por su imputación en el caso de presunto blanqueo de capitales en el PP de la ciudad, en el marco del 'caso Imelsa'--, al margen de su trabajo de asesoramiento para los concejales, son miembros y vocales de las Juntas Municipales de Distrito o representantes en organismos y entidades municipales por lo que "necesitan seguir accediendo a las dependencias del grupo en momentos puntuales para poder desarrollar estas tareas y funciones de representación".
Monzó ha considerado "preocupante" esta situación que "supone de facto una implícita persecución y un control de las personas que visitan las dependencias del grupo 'popular'". "A pesar de esta presión y este empeño del tripartito en desmantelar y obstaculizar la labor de oposición del PP, no nos vamos a callar, ni conformar, ni por supuesto plegar a prácticas que van contra derechos fundamentales de las personas y que nuestro ordenamiento jurídico recoge y ampara", ha sostenido.
Asimismo, desde el grupo municipal han criticado que estos hechos "contrastan con la política de 'puertas abiertas' y 'paredes de cristal' que pregona el gobierno del alcalde Joan Ribó".
Monzó también ha sostenido que el grupo municipal 'popular' "se va a oponer a estas prácticas que suponen cercenar y menoscabar las tareas de oposición" y "en ningún caso va a renunciar a la defensa de los intereses de los valencianos que depositaron su confianza en las políticas del PP".
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