En la ponencia social, titulada "Madrid, una comunidad al servicio de las personas', el texto señala que el PP de Madrid "constata que se ha generado un debate social, más o menos inducido y con mayor o menor incidencia real, sobre la llamada maternidad subrogada". "Y ello debe anotarse en esta ponencia, si bien como debate abierto", enfatiza la propuesta.
No obstante, añade que el asunto "resulta controvertido" en el conjunto de la Unión Europea (UE) y que en la "amplia mayoría de sus estados miembros no es legal".
"Comporta problemas de carácter ético y jurídico, además de abrir una controversia sobre el propio concepto de vientre de alquiler: 'altruista' o con 'ánimo de lucro'", expone la ponencia para detallar que los populares deben "estar atentos" al desarrollo de ese debate para "conocer y analizar las diversas opiniones, sobre todo las de los expertos, para llegar a conclusiones rigurosas".
En el Congreso Nacional del PP celebrado en febrero, se aprobó una enmienda transaccional para aplazar el debate sobre la maternidad subrogada y hacerlo de forma serena y en profundidad escuchando a expertos en esta materia.
La ponencia social no había incluido el debate sobre la maternidad subrogada en el texto inicial, pero recibió varias enmiendas a favor de esta posibilidad de acceder a la maternidad. Finalmente, se logró introducir esta enmienda transaccional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado favorable a que el partido tenga en consideración el debate sobre la maternidad subrogada porque la política tiene que acompañar a lo que la sociedad demanda.
"Es un debate que hay que abordar", ha comentado sobre esta cuestión para expresar su rechazo a que se pueda realizar cualquier tipo de negocio con los 'vientres de alquiler' y que debe abordarse desde una perspectiva "altruista".
El año pasado Ciudadanos llevó al hemiciclo madrileño una Proposición No de Ley (PNL) en la que pedía regular la gestación subrogada. En aquel momento, el diputado Luis Peral votó en contra y la exconsejera del Ejecutivo autonómico Regina Plañiol y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ausentaron. Eso les supuso una multa de 300 euros, que se sumó a otra sanción de 300 euros por haber llevado a su Grupo a perder la votación.
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