PP plantea modificación estatal de normas procesales para suspender derribos hasta los nuevos PGOUs en tramitación

El cabeza de lista de la candidatura del PP cántabro al Senado y exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, propone una modificación de las normas procesales por parte del Estado para permitir la suspensión temporal de las sentencias firme de derribos de viviendas declaradas ilegales hasta la aprobación "en uno, dos o tres años a lo sumo" de los planeamientos urbanísticos que, previsiblemente, legalizarían algunas de ellas.

Esta es la solución que ha planteado Fernández a Antonio Vilela y Ciriaco García, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Maltratados por la Administración(AMA) --colectivo que en Cantabria aglutina a los propietarios de viviendas con sentencia de demolición tras ser declaradas ilegales-- para acabar con el "sinvivir" y la "pesadilla" de estas familias.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de reunirse con ambos en la sede del PP, Fernández ha vuelto a defender la fórmula impulsada por el anterior Gobierno regional (PP) de las autorizaciones provisionales --aprobada por el Parlamento regional pero que tumbó el Tribunal Constitucional-- pero combinándola, a la vez, con esta modificación de las normas procesales que propone que lleve a cabo el Estado que permita suspender la sentencia de derribo hasta que se aprueben los nuevos planes generales que se están tramitando y se pueda comprobar si bajo estos nuevos planeamientos las viviendas pueden regularizarse.

Según ha explicado, esta modificación de las normas reguladoras para permitir que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa permita la suspensión provisional de sentencias firmes sería una "especie de habilitación procesal" para estas autorizaciones provisionales.

"Hagamos que converjan los dos títulos competenciales; hagamos que el Estado pueda modificar sus normas procesales para dar amparo con carácter general a figuras que, de forma provisional pero cuando hay motivos que lo justifiquen, puedan suspender una sentencia firme", ha dicho el exconsejero.

Y es que Fernández se ha vuelto a preguntar "qué sentido tiene" demoler estas viviendas cuando se sabe, incluso los jueces, que "dentro de un año o dos años esas viviendas pueden ser absolutamente legales". ¿Tiene algún sentido no suspender esa ejecución para comprobar si el nuevo ordenamiento ampara o no ampara las viviendas", ha insistido.

El número uno de la candidatura del PP cántabro al Senado ha defendido que, si una vez aprobado el plan general de ordenamiento urbana de un determinado municipio, se comprueba que éste no ampara las viviendas con sentencia de derribo, la sentencia se ejecute y las casas se tiren.

"Para nosotros, el principio rector es que las sentencias se cumplan. Es un principio sacrosanto, pero si en uno o dos años la situación jurídica puede cambiar, que los jueces analicen la nueva situación jurídica, la que todos sabemos que está en tramitación", ha insistido.

De lo contrario, ha opinado que lo que se va a dar es una "especie de juego del gato y el ratón sin ningún sentido". "Es una carrera diabólica para ver primero si llega primero el plan o llega primero la pala, demoliendo. Eso no tiene sentido", ha dicho Fernández.

El candidato al Senado ha defendido la labor realizada en la pasada legislatura en Cantabria (2011-2015) por el Gobierno del PP para intentar dar una solución al problema de los derribos que en la comunidad afecta a centenares de viviendas de distintos ayuntamientos.

"En el Partido Popular de Cantabria asumimos como un compromiso, personal casi, de todo el equipo de Gobierno en la etapa de Ignacio Diego, impulsar soluciones a la situación en que se encontraban estas familias. Creo que hemos puesto toda la carne en el asador", ha reivindicado Fernández.

Por su parte, Vilela, en representación de AMA, ha explicado que, con su petición de reunión a los candidatos del PP, era "pedirles iniciativas legislativas que den "seguridad en el ámbito del urbanismo".

A juicio del presidente de AMA, al igual que para el consejero, se dieron en la pasada legislatura algunos "pasos importantes", como el que, en su opinión, supuso la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria para introducir la figura de las autorizaciones provisionales pese a que fue declarada, posteriormente, inconstitucional.

Vilela y el consejero han defendido que las autorizaciones provisionales fueron declaradas inconstitucionales por una cuestión de competencias y de "forma", más que de "fondo".

Y por ello, el presidente de AMA ha reclamado a Fernández que, si en las elecciones del 26 de junio consigue su plaza de senador, "tendrá posibilidades de desarrollar esa ley que se hizo en Cantabria y dar una solución" a los propietarios de viviendas con problemas de legalidad.

"Entre todos tenemos que ser capaces de darle seguridad jurídica y es lo que vamos a pedir a los candidatos que luego van a ser legisladores", ha explicado Vilela.