En las preguntas con ruego de respuesta por escrito, registradas por los diputados Felipe Sicilia y Micaela Navarro y consultadas por Europa Press, se interesa por las liquidaciones realizadas con respecto a las comunidades de los sectores I, II, V y IX de las Vegas Altas del Guadalquivir, en los municipios de Úbeda, Villacarrillo y Santo Tomé.
En concreto, preguntan por los motivos por los que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) ha girado liquidación, en base al convenio firmado entre el Ministerio y las citadas comunidades de regantes.
"¿Estaba recogido en convenio dicha aportación que supondría un incremento en la financiación de los regantes respecto a la cantidad inicial prevista?", añaden. Finalmente, plantean si se está estudiando desde el Ministerio "alguna solución que evite el pleito judicial".
Junto a estas preguntas, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de la titular en funciones de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la del secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas.
Con ello, pretenden que los responsables del Ministerio "den la cara y expliquen los motivos de la modificación del acuerdo" entre Ministerio y regantes para la ejecución de esas obras, según recalcó Sicilia el pasado mes tras una reunión con afectados.
CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES
En este sentido, aludió a la existencia de un convenio firmado entre ambas partes y exigió al Gobierno "que lo cumpla y no se lo salte a la torera", que es lo que pretende con la imposición de estas nuevas condiciones de financiación, ya que a los regantes se les pidió el 20 por ciento y ahora se le reclama el 50 por ciento.
Para el PSOE, se trata de "unas cantidades injustas y desorbitadas" por actuaciones que ya están terminadas, cantidades que "no estaban acordadas" en el citado convenio. "El Ministerio ha roto su palabra. Acordó que ponía una cantidad y los regantes otra para la modernización de regadíos y ahora les pide más dinero", subrayó.
Por ello, el grupo socialista también ha registrado una proposición no de ley ante esta situación, que afecta, igualmente, a comunidades de regantes de Andalucía y Murcia. En ella, reclama que el Congreso inste al Gobierno "a anular las liquidaciones remitidas de forma extemporánea e improcedente por parte de Seiasa" por "no estar ajustadas a derecho" y dejar a estos colectivos "en una absoluta indefensión ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente".
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