La oposición en bloque reclamará ante el Pleno del Parlamento una solución al conflicto laboral en Salud Responde

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama también que la Junta adopte, de forma inmediata, las medidas oportunas para comprobar y exigir, en su caso, que la empresa adjudicataria del servicio telefónico Salud Responde cumple con los pliegos correspondientes, está prestando un servicio público de calidad, respeta los derechos de los trabajadores y cumple las sentencias judiciales.

Junto a ello, se demanda que la administración andaluza adopte las medidas necesarias, con carácter urgente, para que la gestión del servicio telefónico de Salud Responde sea prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), una vez vencido el contrato vigente el 30 de junio, y se acceda a los puestos de trabajo a través de los procedimientos legalmente establecidos.

AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD

En la exposición de motivos, la oposición explica que desde hace unos meses se ha producido un aumento en la conflictividad que vive este servicio, generada principalmente por el "afán de enriquecimiento" de la empresa adjudicataria Qualytel Teleservices S.A. en este caso (empresa de capital extranjero por otra parte), que no duda en recrudecer aún más las condiciones sociolaborales de sus trabajadores, no aplicando ni siquiera el convenio colectivo que tienen asignado.

Según añade, se está impidiendo la conciliación de la vida laboral y familiar, coaccionando a los trabajadores cuando solicitan permisos retribuidos incluidos en el convenio colectivo (llegando incluso a ocurrir en casos tan significativos como el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un familiar de primer grado de parentesco), incumpliendo los tiempos protocolarios para la gestión de las llamadas establecidos por la propia EPES e imponiendo condiciones mínimas en jornadas de huelga del cien por cien de la plantilla.

Dicha empresa acumula también "innumerables" denuncias ante la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo Social, que sancionan las actuaciones ilícitas de la misma por multitud de incumplimientos de normas laborales básicas, prefiriendo pagar antes las sanciones que le imponen que cambiar su forma de proceder, se apunta en la iniciativa, en la que también se destaca que la formación que reciben los trabajadores es "prácticamente inexistente" y se basa en la propia autoformación del trabajador.

Por todo ello, la oposición considera necesario un cambio urgente en el modelo de gestión de este servicio hacia lo público, tal y como está ya establecido en la mayoría de las comunidades autónomas y como recoge el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y la adopción de medidas que garanticen unas condiciones dignas de trabajo y un reconocimiento real a la labor tan fundamental de gestores telefónicos de emergencias que realizan los cientos de trabajadores de la plantilla del servicio de Salud Responde a la ciudadanía.