Podemos reclama al Gobierno una reforma legislativa para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos también demanda que se lleve a cabo una adaptación normativa relativa a la capacidad de obrar de las personas con discapacidad o diversidad funcional, para avanzar hacia la igualdad de condiciones, según lo dispuesto en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en colaboración estrecha con las organizaciones que representan a esas personas.

De igual modo, pide garantizar la accesibilidad a los diferentes soportes de información electoral y a los colegios electorales,

así como el derecho al voto secreto, el derecho de asistencia, en caso de que sea necesario, y que los materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender, por ser imprescindibles para

ejercer el derecho al voto.

En la exposición de motivos, Podemos denuncia que en la actualidad, cerca de cien mil personas con discapacidad que han sido declaradas incapacitadas judicialmente se encuentran privadas de su derecho al voto en nuestro país. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que en los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad, la retirada del derecho al voto deberá ser valorada expresamente por el juez al dictar la sentencia; sin embargo, "estos procedimientos no deberían implicar la pérdida del derecho al voto de las personas con discapacidad".

Podemos destaca que, tal y como reconocen diversos organismos internacionales, la privación del derecho de sufragio por causa asociada a discapacidad o diversidad funcional (intelectual, del desarrollo, mental o psicosocial y cognitiva) es una violación de derechos fundamentales que resulta flagrantemente contraria al marco jurídico internacional de la discapacidad vinculante para España.

El movimiento social de las personas con discapacidad representado por distintas organizaciones de la sociedad civil, como Plena inclusión (antes Feaps) y por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y sus organizaciones, viene denunciando reiteradamente esta situación ante la inacción del Gobierno, "a pesar de la obligación legal de modificar la normativa electoral para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad o diversidad funcional".

"Teniendo en cuenta que el derecho al voto es un ejercicio democrático básico, ya que con ese derecho se hace efectiva la participación política, consideramos una grave dejación no atender esa demanda que permite a todos los ciudadanos y ciudadanas ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades", añade Podemos.