Aunque los agentes preveían llevarse unos ordenadores, finalmente no se llevaron nada de las dependencias de la desaladora de Escombreras, ubicadas en la primera planta de la Consejería, que actualmente dirige Adela Martínez-Cachá.
Al parecer, los agentes de Policía Nacional también efectuaron un registro en el despacho de abogados Arnaldos&Asociados, que es el bufete del letrado Andrés Arnaldos, que presuntamente asesoró al entramado societario y llegó a ejercer como secretario de la desaladora.
Cabe recordar que en la época en la que fue construida la desaladora de Escombreras, en 2004, gobernaba Ramón Luis Valcárcel y el consejero de Agricultura era Antonio Cerdá. Ambos han comparecido recientemente en la Comisión de Investigación de la desanilizadora de Escombreras en la Asamblea Regional donde aseguraron que la desaladora no cuesta 600 millones "ni hay entramado societario".
"Ni hubo trama ni se sorteó la ley y tampoco hubo intereses urbanísticos por parte de la Comunidad en la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras", indicó el ex consejero murciano ante la Comisión en la que ya han comparecido el ex presidente murciano, Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.
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