La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos infligió el lunes una severa derrota a los conservadores que pretendían modificar las normas electorales para reducir la representación de los circuitos con mayor población hispana y negra en favor de aquellos con mayoría blanca.
Los magistrados del máximo organismo judicial de Estados Unidos fallaron por unanimidad que la regla 'una persona = un voto' no estaba en contradicción con que las circunscripciones electores se establecieran en función de su población total (incluidos menores, presos, excondenados e inmigrantes indocumentados), y no en función del número de habitantes con derecho de voto.
Los ocho jueces de la Corte Suprema debían responder la pregunta siguiente: ¿qué alcance tiene exactamente el término 'una persona' en el principio fundamental 'una persona = un voto'? En efecto, decenas de millones de niños, inmigrantes, presos, excondenados o minusválidos mentales no tienen derecho a votar en Estados Unidos aunque figuran en los censos a la hora de fijar el número de representantes que le corresponde a cada distrito.
Detrás de este debate se ocultan dilemas enormes, y sobre todo la representación de la población de origen hispano, que tiene un creciente peso demográfico en la sociedad estadounidense.
Actualmente la definición de las circunscripciones electorales realizada por los estados se basa en la población total: se cuentan, pues, todas las personas para diseñar el mapa de las circunscripciones electorales y fijar los representantes que les corresponden independientemente de si votan o no.
El fallo del máximo tribunal de este lunes representa, pues, una victoria para los activistas de los derechos civiles y las organizaciones de defensa de las minorías, que se habían movilizado para defender el statu quo. Y se trata también de un fracaso de los republicanos frente a los demócratas. "Buena noticia en la Corte Suprema", reaccionó inmediatamente la poderosa Asociación de Defensa de los Derechos Civiles estadounidense (ACLU).
Los conservadores habían apelado a la Corte Suprema para pedirle que las circunscripciones electorales tuvieran en cuenta solo a los potenciales votantes, lo que hubiera reducido el número de representantes de las circunscripciones en las que los presos, inmigrantes indocumentados y otras minorías no tienen derecho a voto pero tienen un gran peso en la población total de ese distrito. La experiencia indica que esas circunscripciones donde habitan predominantemente latinos y afro-estadounidenses suelen votar mayoritariamente a los demócratas.
La ofensiva conservadora contra la norma en vigor se tradujo en una demanda de dos ciudadanos de un distrito de Texas con una alta proporción de personas con derecho a voto. Sue Evenwel y Edward Pfenninger afirmaban que, en consecuencia, su voto se "diluía", contrariamente a lo que ocurriría con las circunscripciones con una elevada tasa de personas sin derecho a voto, en las que un número menor de votantes puede llegar a elegir un senador.
Estimaban, con el apoyo de cifras, que se estaba violando el principio "una persona = un voto", confirmado una y otra vez desde hace medio siglo.
La ley federal estipula que los distritos electorales tengan aproximadamente el mismo número de habitantes, con una brecha máxima de 10%. Pero los demandantes denunciaban la existencia de "una diferencia de cerca de 50%" en algunos estados en relación con el número de habitantes con derecho a voto.
Detrás de su demanda ante la justicia, presentada en nombre de una estricta igualdad, se ocultaban, sin embargo, estrategias políticas y cuestiones raciales.
En efecto, si la Corte Suprema le hubiera dado la razón a Evenwel y Pfenninger se hubiera reducido el número de circunscripciones mestizas urbanas, que tienen muchos habitantes que no están en condiciones de votar, entre ellos una fuerte proporción de hispanos, porque algunas de ellas no hubieran alcanzado el número de votantes necesarios para constituirse como tales.
En contraste, las circunscripciones rurales y de los suburbios urbanos, con mayoría de población blanca, habrían resultado más numerosas.
Al final, el Partido Demócrata, tradicionalmente apoyado por los inmigrantes, hubiera resultado desfavorecido.
"Queremos una democracia en la que los habitantes, voten o no, estén proporcionalmente representados en su Congreso", había dicho el magistrado Stephen Breyer durante una audiencia en diciembre, en la que varios jueces acogieron con reservas la idea de una definición de las circunscripciones electorales en función de los votantes y no de los habitantes.
Una modificación de la regla habría obligado a rehacer los mapas electorales en diversas ciudades y regiones, entre ellas Nueva York, California, Chicago y Miami.
"Nuestros legisladores representan a la población", comentó Nina Perales, dirigente de la organización Maldef, que apoya a inmigrantes mexicanos. "No representan a una tierra, no representan a un área, no representan a un condado".
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