El caso 'Rexus' vuelve a instrucción por no haber dado opción a personarse a la Abogacía del Estado

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén capital tenía previsto celebrar este lunes el juicio, pero finalmente ha quedado suspendido después de que la Abogacía del Estado haya reclamado la oportunidad de personarse en la causa. Esto lleva a que nuevamente regrese al Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén para dar la oportunidad a la Abogacía del Estado de presentar su escrito de calificación sobre unos hechos que se remontan a 1998 y que todavía están sin juzgar.

De hecho, la propia Fiscalía Anticorrupción reconoce que es el caso más antiguo de los que mantiene abierto en el conjunto del territorio español. Lo que se enjuiciará cuando llegue el momento es si los diez acusados levantaron una compleja trama para engañar a Hacienda. De hecho, según el Ministerio Público, las empresas de la trama compraban equipos informáticos en el extranjero en operaciones exentas de IVA y los exportaban a España a empresas consideradas "fantasmas".

Al frente de estas empresas fantasmas se encontraban indigentes, inmigrantes sin regularizar su situación en España, o personas que nada tenían que ver con el mundo empresarial. Las sedes de dichas empresas fantasmas eran domicilios particulares o incluso direcciones que se correspondían con hoteles.

Toda la mercancía, según Fiscalía, iba dirigida a una empresa de Jaén capital cuyos tres responsables aparecen como acusados. Los siete acusados restantes se corresponden con los presuntos testaferros.

La investigación policial de esta caso arrancó en 1988, pero la judicial no comenzó hasta 2003. El juzgado de Instrucción solicitó en 2005 un informe a la Agencia Tributaria que no llegaría hasta 2013. Después hubo que dar trasladado a las partes y formular los correspondientes escritos. Fue precisamente en este momento donde no se le comunicó a la Abogacía del Estado como parte perjudicada su opción a personarse en la causa.

Se fijó fecha de juicio en el Penal, pero, según ha informado el propio juzgado, la causa volverá a Instrucción y ya se desconoce cuanto tiempo más deberá esperar el caso antes de que se pueda volver a fijar fecha para la celebración del juicio.

Algunos de los acusados, para los que se les reclama penas de entre cuatro y seis años de prisión, además de multas de valor de más de 15 millones de euros, han mostrado su indignación a la puerta del juzgado por este nuevo revés que impide la celebración del juicio tras 14 años ya de espera.